/ sábado 14 de diciembre de 2019

Reducir la pobreza para construir paz

Disminuir la pobreza es uno de los retos que tiene el actual gobierno y que incluso, dentro de campañas, el presidente se comprometió a trabajar en ello, a partir de su famoso slogan “por el bien de México, primero los pobres”. En el país, dos de cada cinco personas son pobres, las otras dos son vulnerables de serlo, debido a sus bajos ingresos y solo una, no es ni pobre, ni vulnerable.

De acuerdo con la última medición de pobreza en el país, con datos de 2018 elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México se registraron 52.4 millones de personas pobres y 9.3 millones en pobreza extrema. El sureste del país es la región donde la pobreza se agudiza cada vez más; Chiapas Guerrero y Oaxaca son los estados con mayor pobreza y pobreza extrema. En Chiapas, el 83% de su población carece de seguridad social; en Guerrero, el 58% no cuenta con servicios básicos en la vivienda y, en Oaxaca, el 35% no tiene acceso a alimentación.

Según cifras del mismo CONEVAL, en Jalisco el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 144,881 a 244,521 personas entre 2016-2018. En tanto que el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en la entidad pasó de 1.8% a 3.0% entre 2016-2018. Entre 2016 y 2018, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos en Jalisco disminuyó 3.5 puntos porcentuales; sin embargo, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos aumentó en 0.6 puntos porcentuales, es decir, menos personas cuentan con el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria.

Esta situación de pobreza se traduce como violencia, mejor conocida como violencia estructural, ya que existe un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, originada por un conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de éstas. Por ejemplo, el caso de las personas que viven en la periferia, en una casa carente de servicios públicos en una zona insegura con pandillas y altos índices delincuenciales; que ganan menos de $200 al día, donde una cuarta parte de ese dinero se va en transporte público, debido a la lejanía de su casa con la zona de trabajo. Esa persona constantemente está viviendo eventos de violencia a raíz de las distintas estructuras que conforman su vida en sociedad.

No importa cuántas veces se mencione la palabra "paz" en los discursos del presidente, mientras la realidad sea contraria y se genere esa violencia que estamos mencionando en la mayoría de los hogares en el país. La violencia estructural es compleja, por lo tanto, no tiene una solución sencilla y se tiene que tratar de manera multidisciplinar, pensando de manera distinta a como se ha venido realizando, pero de manera urgente, porque la situación de nuestra gente ya no está para seguir implementado políticas que sean solamente paliativos.

Las políticas públicas que se generen deben seguir atendiendo todas las carencias sociales, particularmente aumentar el ingreso de las familias y ampliar la cobertura de la seguridad social, para garantizar la base mínima en cuanto a las necesidades de las personas, pero también a la par de esto, la tarea de mejorar el entorno en cuanto a seguridad, servicios públicos, movilidad y pasar de un estado de violencia estructural, a uno donde se busque que todas y todos tengan el mínimo de calidad de vida que por derecho merecen.


* Coordinador de análisis y comunicación del PAN Jalisco

Disminuir la pobreza es uno de los retos que tiene el actual gobierno y que incluso, dentro de campañas, el presidente se comprometió a trabajar en ello, a partir de su famoso slogan “por el bien de México, primero los pobres”. En el país, dos de cada cinco personas son pobres, las otras dos son vulnerables de serlo, debido a sus bajos ingresos y solo una, no es ni pobre, ni vulnerable.

De acuerdo con la última medición de pobreza en el país, con datos de 2018 elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México se registraron 52.4 millones de personas pobres y 9.3 millones en pobreza extrema. El sureste del país es la región donde la pobreza se agudiza cada vez más; Chiapas Guerrero y Oaxaca son los estados con mayor pobreza y pobreza extrema. En Chiapas, el 83% de su población carece de seguridad social; en Guerrero, el 58% no cuenta con servicios básicos en la vivienda y, en Oaxaca, el 35% no tiene acceso a alimentación.

Según cifras del mismo CONEVAL, en Jalisco el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 144,881 a 244,521 personas entre 2016-2018. En tanto que el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en la entidad pasó de 1.8% a 3.0% entre 2016-2018. Entre 2016 y 2018, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos en Jalisco disminuyó 3.5 puntos porcentuales; sin embargo, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos aumentó en 0.6 puntos porcentuales, es decir, menos personas cuentan con el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria.

Esta situación de pobreza se traduce como violencia, mejor conocida como violencia estructural, ya que existe un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, originada por un conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de éstas. Por ejemplo, el caso de las personas que viven en la periferia, en una casa carente de servicios públicos en una zona insegura con pandillas y altos índices delincuenciales; que ganan menos de $200 al día, donde una cuarta parte de ese dinero se va en transporte público, debido a la lejanía de su casa con la zona de trabajo. Esa persona constantemente está viviendo eventos de violencia a raíz de las distintas estructuras que conforman su vida en sociedad.

No importa cuántas veces se mencione la palabra "paz" en los discursos del presidente, mientras la realidad sea contraria y se genere esa violencia que estamos mencionando en la mayoría de los hogares en el país. La violencia estructural es compleja, por lo tanto, no tiene una solución sencilla y se tiene que tratar de manera multidisciplinar, pensando de manera distinta a como se ha venido realizando, pero de manera urgente, porque la situación de nuestra gente ya no está para seguir implementado políticas que sean solamente paliativos.

Las políticas públicas que se generen deben seguir atendiendo todas las carencias sociales, particularmente aumentar el ingreso de las familias y ampliar la cobertura de la seguridad social, para garantizar la base mínima en cuanto a las necesidades de las personas, pero también a la par de esto, la tarea de mejorar el entorno en cuanto a seguridad, servicios públicos, movilidad y pasar de un estado de violencia estructural, a uno donde se busque que todas y todos tengan el mínimo de calidad de vida que por derecho merecen.


* Coordinador de análisis y comunicación del PAN Jalisco

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