Ha empezado la cuenta regresiva para el cambio de administración, justo es para nuestra sociedad hacer un corte de caja para analizar los pendientes que deja la administración saliente, y por ende, los problemas que dejará a la administración entrante.
Sin duda alguna, el gran problema es la inseguridad desbordada y la violencia en nuestro estado.
En días pasados el periodista Enrique Osorio me entrevistó sobre este tema, tomando como base los siguientes pendientes que a continuación se describen. Y corresponde al que suscribe, hacer un análisis al respecto, con la finalidad de ver qué es lo que procede en relación a posibles actos de negligencia, nepotismo y reparto de espacios por cuotas políticas, sólo por mencionar algunas prácticas que tanto daño hicieron a nuestro estado.
“No sólo la puesta en marcha del Escudo Urbano C5 y las posibles sanciones por incumplimiento heredará la presente administración a la siguiente.
Uno de los temas que revelan la crisis de inseguridad que vive la entidad son las desapariciones, y aunque este gobierno planteó que lo combatiría con la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos y atendería una macrorecomendación de Derechos Humanos al respecto, nada ha cambiado.
A opinión de los colectivos, la Fiscalía especializada está desaparecida pues a un año y poco más de dos meses de puesta en marcha, parece como si no hubiera tal área y su presupuesto de apenas 17 millones no ayudó en nada a mejorar su infraestructura.
Sobre el tema, el pasado 30 de agosto Sandoval aseguró que en 15 días estaría listo un diagnóstico en el que se detallarían cuántos desaparecidos hay en Jalisco y el estatus de cada caso; más de dos meses después ese informe no ha llegado.
De la mano de los desaparecidos y el alza en la violencia se detonó el problema del almacenamiento de cadáveres en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), tras destaparse a mediados de septiembre que la Fiscalía había alquilado dos cajas refrigeradas de tráileres para guardarlos, pues en Semefo ya no cabían.
El gobernador prometió que el 15 de octubre los 444 cadáveres apilados en los tráileres y metidos en bolsas quedarían ya inhumados o entregados a sus familiares, pero apenas lleva una cuarta parte.
Más allá de poder cumplir o no con este plazo al final de su mandato, el problema de fondo es el déficit presupuestal con el que opera el IJCF desde el inicio de esta administración, pues a los forenses les faltan 185.9 millones de pesos adicionales y 170 peritos más para intentar dar certeza científica en las investigaciones.
La respuesta a las peticiones de aumento en los recursos fue negativa por políticas de austeridad, o fue mínima, muy por debajo de lo solicitado.
Finalmente, la Alerta de Violencia contra las Mujeres fue lanzada el 8 de febrero del 2016 con la intención de generar políticas públicas para hacer frente a los feminicidios y los diversos tipos de violencia de género en el estado, enfocada en ocho municipios.
Entre enero y agosto de este año, las cifras más recientemente publicadas, suman 21 de feminicidio en 15 municipios, mientras el mismo lapso del año pasado hubo 14 casos en 11 municipios”.
En virtud de lo anterior, más que pendientes por resolver, en mi opinión son temas de responsabilidad considerable, por lo que en otros países muy probablemente serían temas de investigación para deslindar responsabilidades. No obstante lo anterior, sabemos que en México no estamos preparados para que esto suceda.
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