Abel Campirano Marin
Queremos vivir en Paz. Es un anhelo prioritario que tenemos los Ciudadanos que cotidianamente nos vemos afectados directa o indirectamente por la comisión de toda clase de ilícitos ante la impasividad y la incapacidad de las autoridades.
No es justo que por una parte se exija el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias a favor del Estado, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de seguridad social y demás análogos, cuanto se nos regresan con servicios deficientes o inexistentes por parte del Gobierno.
Está claro que la actividad pública gubernamental Federal, Estatal y Municipal es extremadamente deficiente. El control de la seguridad no existe.
Si ya de por sí le cuesta un enorme trabajo a la autoridad el castigo a los delincuentes y cumplir con su obligación plasmada en el artículo 21 constitucional, lo menos que puede hacer es desarrollar políticas públicas que desincentiven la comisión de los delitos.
Y no se requiere de Foros, Simposios, Mesas de diálogo ni participaciones ciudadanas ni de expertos en seguridad ni grupos de inteligencia y contrainteligencia; se requiere de simple sentido común y voluntad política de hacer algo en bien de la comunidad y no permanecer con el reiterado y enfadoso discurso lleno de retórica y mentira con el que se nos alimenta, como decían los antiguos, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece de que ya todo ha cambiado cuando vemos las cosas cada vez peores.
Tenemos un caso que llena de vergüenza y preocupación; el de la pérdida del registro de la candidatura del personaje identificado con un toro -no necesariamente de lidia, que la mayoría tiene bravura y nobleza- y que por lo que se ve, muestra el lado obscuro de un pretendido homo sapiens el señor Salgado Macedonio quien aspira a Gobernar, así, con esas cosas el Estado de Guerrero.
Se puede estar en desacuerdo con una resolución pronunciada por una autoridad, conforme a nuestro derecho; nuestro sistema permite al afectado acudir a las vías institucionales a impugnarla y tiene expedito además el derecho de acudir al juicio de amparo para revertir las cosas y lograr que el Tribunal Federal le restituya en el goce de sus garantías individuales hoy pomposamente denominadas derechos humanos, pero eso de andar alborotando gente, de encender los ánimos, amenazar públicamente a los integrantes del INE, lanzar advertencias al TRIFE y amenazar con suspender elecciones democráticas traspasa los límites de la libre manifestación de las ideas y el derecho a la reunión y constituye un ilícito claro.
Eso sucedió al darse a conocer por el INE la resolución que determinó el retiro de la candidatura del señor Salgado Macedonio, quien acompañado del señor Mario Delgado Presidente de su Partido arengaba una y otra vez a la no tan numerosa concurrencia en las afueras del instituto electoral instando a la violencia provocando abiertamente la comisión de delitos.
El artículo 208 del Código Penal tiene prevista esa hipótesis como una conducta delictuosa; instar a la violencia, el discurso del odio, que además de ser una conducta delictiva, abona más a incrementar el clima de polarización de nuestro país y puede llevar a niveles riesgosos el proceso electoral donde pueden estallar varios escenarios violentos y eso es irresponsable.
La Secretaría de Gobernación debe meter al orden a esas hordas y quienes las manipulan para que el proceso transcurra dentro de los cánones que marcan las leyes y la justicia porque de no hacerlo, la cosa se saldrá de control y los afectados seremos los que quedamos una vez mas con la ilusión de un cambio.
Seguimos en las mismas como antes; nada ha cambiado; por eso, volvemos a recordar aquella frase espetada por Cicerón a Catilina: " Quosquetandem Catalina, abutere patientia nostra? "Hasta cuando Catilina abusarás de nuestra paciencia?"
Y seguimos esperando la transformación.
