Rogelio Barba Álvarez*
Aún sentimos con nostalgia; dudas, coraje, miedo y sensación de impunidad la estela de muerte de Jorge Aristóteles Sandoval, figura pública que sorprendió a muchos, desde su ascenso político precoz e impoluto –regidor, diputado, presidente municipal, gobernador-, hasta la cobarde y certera muerte que encontró en Puerto Vallarta.
Hacía mucho tiempo que no ocurría algo similar en Jalisco, lejos queda el último magnicidio ocurrido a Ramón Corona, entonces gobernador el 10 de noviembre de 1989, ultimado por un joven desquiciado, en venganza según se sabe.
El drama criminal que vivió el ex gobernador es radicalmente distinto desde el modus operandi, la motivación y las formas de intervención de las personas responsables del hecho, una diferencia del cielo a la tierra.
Primera quisicosa; El S XXI, pone en evidencia la incapacidad de dar respuesta al evento perse, ni con el C5 de altísima tecnología, con un sistema CityMind, de monitoreo inteligente que incluyen ocho mil 500 dispositivos distribuidos en cinco mil 400 cámaras, tres mil sensores, un sistema de monitoreo y videovigilancia, con 100 mil aplicaciones para que el ciudadano reporte incidentes, con un costo de cerca de mil millones de pesos, leyó bien MIL MILLONES que se sumaron a la deuda pública de tres mil 800 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado mediante decreto 25528/LX15, no han sido suficientes para dar con los responsables materiales del magnicidio.
Segunda quisicosa, triunfalismo estéril; hasta el día de hoy se han criminalizado a nueve trabajadores de antro Distrito 5 por encubrimiento, un delito autónomo -que nada tiene que ver con el delito principal de homicidio-, es un delito autónomo porque; si hubieran tenido conocimiento previo del hecho principal para dar muerte a Jorge Aristoteles, pasarían a la figura de coautores del Artículo 19 fracción I o II del Código Penal.
Tercera quisicosa, recompensa apócrifa; que además contamina el debido proceso y la ley de omerta (del silencio) de las organizaciones criminales y ponen en peligro la inculmidad del entorno criminal, eleva el riesgo de la desaparición de las personas que apretaron el gatillo ese día, la Fiscalía General del Estado se vale de la dádiva para invitar a la sociedad en su conjunto para que aporte datos que permitan esclarecer los hechos, con una suma de un millón de pesos, aflorando las figuras de “testigo protegido” (Artículo 2 de la Ley de sujetos protegidos para el Estado de Jalisco), o “arrepentido” (Artículo 34 y 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia organizada), muy cuestionados en la historia penal de Italia y EEUU, además genera desconfianza jurídica pues la información deberá ser eficaz en la investigación que evite que el delito continue o se lleven a cabo otros de la misma naturaleza, asimismo señalar a otros miembros de la delincuencia organizada que tengan funciones de supervisión, dirección o administración en la empresa criminal.
Esta estrategia institucional no es compatible con las técnicas de investigación que se llevan a cabo en otros países, de nuestro entorno, pues fuera de nuestras fronteras se le pone nombre y apellido al criminal que se trata de detener, estamos dando palos de ciego, criminalizando al eslabón más débil de este drama criminal que obedecieron una orden de jerarquía vertical, (el capitán de meseros, el halcón en turno, el dueño del local, etcétera) en vez de detener a los verdaderos autores materiales de hecho delictivo, personas que rayan en la demencia, maníacos que les gusta jugar a Dios para decidir sobre la vida o muerte, amantes de la cultura de la sangre, megalómanos, enajenados mentalmente, extraviados de la masa gris, ocasionando terror, depresión, ansiedad, caos, confusión y un largo etcétera con cada uno de los episodios delincuenciales que estamos viviendo como espectadores de un circo de seguridad pésimamente manejado por los administradores de la justicia en nuestro Estado.
* Profesor investigador y miembro del Observatorio de Seguridad
