Enrique Velázquez González

  / jueves 21 de febrero de 2019

Por un mejor modelo de justicia en Jalisco

Enrique Velázquez


Para nadie son un secreto los retos que tenemos en materia de procuración e impartición de justicia. Nuestro sistema de justicia ha adquirido vicios de la cultura política de nuestro país. Somos la nación número 92 de 113 países evaluados en materia de Estado de derecho en 2018 por el World Justice Project. Jalisco se encuentra en el lugar número 28 de 32 del país con instituciones de impartición de justicia “corrupta”. Además, la posibilidad de no ser castigado por cometer un delito es del 99.3%, siendo el estado peor calificado.

El mal desempeño y disfuncionalidad del sistema de justicia acarrea consigo una institución en la que nadie confía. Esto tiene un efecto colateral dañino para la democracia, ¿si no confío en el Poder Judicial, por qué recurrir a esta instancia institucional?

La tarea de revalorizar el Poder Judicial corre por dos vías. La primera, darle legitimidad más allá de los poderes públicos, la estima social se construye a través de comenzar por transparentar el funcionamiento del mismo. Comenzar por la selección de sus integrantes de manera abierta y cristalina. Sin intereses de por medio, con instrumentos que medien y den certeza de la selección de los mejores perfiles. La segunda, la capacidad de hacer de la justicia un bien público accesible para todas las personas en Jalisco. El Poder Judicial debe comenzar a dejar de ser visto como una entidad diseñada para atender los temas de los ricos y los poderosos y ser una institución de carácter republicano.

En un contexto donde la violencia y la corrupción son temas que marcan la vida de miles de jaliscienses, debemos apostar por modificaciones significativas en la impartición de justicia que permitan caminar hacia un modelo sustancialmente más justo y transparente, hacia un modelo donde el Estado no sea concebido como una carga más para los ciudadanos, en lugar de un generador de beneficios. Las grandes transformaciones toman tiempo y la participación de las universidades y sus académicos, así como de los activistas y la sociedad civil son indispensables para alcanzarlas.

Enrique Velázquez


Para nadie son un secreto los retos que tenemos en materia de procuración e impartición de justicia. Nuestro sistema de justicia ha adquirido vicios de la cultura política de nuestro país. Somos la nación número 92 de 113 países evaluados en materia de Estado de derecho en 2018 por el World Justice Project. Jalisco se encuentra en el lugar número 28 de 32 del país con instituciones de impartición de justicia “corrupta”. Además, la posibilidad de no ser castigado por cometer un delito es del 99.3%, siendo el estado peor calificado.

El mal desempeño y disfuncionalidad del sistema de justicia acarrea consigo una institución en la que nadie confía. Esto tiene un efecto colateral dañino para la democracia, ¿si no confío en el Poder Judicial, por qué recurrir a esta instancia institucional?

La tarea de revalorizar el Poder Judicial corre por dos vías. La primera, darle legitimidad más allá de los poderes públicos, la estima social se construye a través de comenzar por transparentar el funcionamiento del mismo. Comenzar por la selección de sus integrantes de manera abierta y cristalina. Sin intereses de por medio, con instrumentos que medien y den certeza de la selección de los mejores perfiles. La segunda, la capacidad de hacer de la justicia un bien público accesible para todas las personas en Jalisco. El Poder Judicial debe comenzar a dejar de ser visto como una entidad diseñada para atender los temas de los ricos y los poderosos y ser una institución de carácter republicano.

En un contexto donde la violencia y la corrupción son temas que marcan la vida de miles de jaliscienses, debemos apostar por modificaciones significativas en la impartición de justicia que permitan caminar hacia un modelo sustancialmente más justo y transparente, hacia un modelo donde el Estado no sea concebido como una carga más para los ciudadanos, en lugar de un generador de beneficios. Las grandes transformaciones toman tiempo y la participación de las universidades y sus académicos, así como de los activistas y la sociedad civil son indispensables para alcanzarlas.

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