Dr. Jorge Chaires Zaragoza
Miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia CUCSH
Hace ya casi 200 años Jalisco se proclamó como un Estado libre, independiente y soberano (16 de junio de 1823).
En el Plan de Gobierno Provisional del Estado de Xalisco se precisó que no se reconocerían otras relaciones con los demás estados o provincias que la fraternidad y confederación, con el derecho de libertad política de hacer su propia Constitución.
Ello derivado de la tensión entre el gobierno central y las autoridades de Jalisco, quienes no estuvieron de acuerdo con algunas medidas centralistas impuestas por Iturbide.
Como bien se sabe, ello culminó en la promulgación de la primera Constitución mexicana y la adopción de sistema federal. Sin embargo, las tensiones no desaparecieron; el problema, por supuesto, fue el dinero.
De acuerdo con Josefina Zoraida Vázquez, algunos estados no remitieron al gobierno federal sus participaciones en tiempo y forma, en tanto que otros reclamaban al gobierno federal su intromisión en los asuntos internos.
La pugna entre centralistas y federalistas dominó toda la mitad del siglo XIX, hasta la llegada primero de Benito Juárez y después de Porfirio Díaz, que se logró centralizar el poder y apaciguar a los estados.
La Revolución mexicana estuvo alimentada, entre otras cosas, por el deseo de descentralizar el poder, con la pretensión de hacer efectivo el federalismo consagrado en la Constitución de 1857.
El anhelo revolucionario no logró cristalizase, entre otras razones, porque muchos de los estados y municipios no eran autogobernables, por lo que no pudieron hacerse cargo de sus nuevas responsabilidades constitucionales.
Pero también, por el surgimiento de caudillos y caciques por todo el territorio nacional que impusieron su voluntad al interior de los estados.
Uno de los méritos (si así se le puede llamar) del presidencialismo mexicano de la posrevolución, fue que logró llegar a arreglos y alianzas con los gobiernos locales, para conciliar los distintos intereses que siempre están en juego y que se manifiestan particularmente en los países federales.
Finalmente, como bien lo refiere Daniel Elazar, no existe un sistema federal que comúnmente sea visto como exitoso, en donde las personas no “piensen federal” (Thinking Federal); es decir, que no tengan una cultura política federal, traducida en una fuerte voluntad de usar los principios y arreglos federales (The will to federate).
Las pugnas y diferencias que estamos viendo hoy entre el gobierno federal y algunos estados, es propio de los países con grandes diferencias culturales, con grandes asimetrías económicas y de desarrollo, en donde existen muchos intereses de por medio, que evidentemente cada quien querrá defender.
La legitimidad de las demandas serán discutibles y debatibles para unos y otros y, en algunos casos, no llegaran a entenderse o justificarse. Las demandas de Quebec no las entiende ni justifica el resto de Canadá, como tampoco España las de Barcelona o Italia las de la región de Padania.
La justificación de distribuir los recursos para apoyar a un sector en perjuicio de otro, puede no entenderse para quienes se ven afectados. La Ley de Coordinación Fiscal es un instrumento en donde se establecieron las reglas de distribución del presupuesto y terminar con criterios discrecionales del presidente en turno, que en su tiempo sirvieron para castigar o premiar lealtades.
Cada una de las partes alegan que les asiste la razón de acuerdo con la ley; los números solo ellos los conocen.
Lo siguiente es esperar que las partes se sienten a exponer sus argumentos en un dialogo abierto a la ciudadanía, de tal manera que no termine en arreglos en lo oscuro y a espaldas de la sociedad, como tampoco para castigar o premiar lealtades.
