La aplicación de la pena de muerte no es el camino para frenar la criminalidad
CNHD
Los diputados del Partido Verde Ecologista de México presentaron en Cámara de Diputados una iniciativa en donde proponen reinsertar la pena de muerte al marco jurídico mexicano la iniciativa propone una reforma Constitucional, así como modificaciones a tratados internacionales previamente celebrados por México. Es de destacar que se suscribieron a la iniciativa dos diputados integrantes de Morena. Los artículos constitucionales son el 18, 22, 29, 108 y tratados internacionales.
Ahora, no es la primera vez que vemos a una de estas fracciones proponer “soluciones” similares a problemáticas sociales complejas. En mayo del 2018, propusieron en el congreso una iniciativa la cual publicitaron como “Pena de muerte para secuestradores, violadores y asesinos”.
Pero ¿Qué es lo grave de las propuestas legislativas de este corte? 1) Afirman que nos encontramos en un estado de excepción y en virtud de él es necesario hacer reformas a la constitución; lo cual no es verdad. 2) La iniciativa no está bien hecha pues propone la reforma constitucional, sin embargo, ésta no contempla los mecanismos para imposición de las sanciones y busca delegar ese contenido a una ley secundaria. 3) Como País el mal antecedente de consentir violaciones de derechos humanos. 4) La contravención a la cultura de paz.
Desde el 2015 la CNDH se pronunció al respecto y dijo “la aplicación de la pena de muerte no es el camino para frenar la criminalidad”. La propuesta queda inoperante, y sin un objeto real porque cuando un delito tiene un amplio índice de impunidad, la probabilidad de ser procesada o procesado por la comisión de éste es bajo, en consecuencia, la ejecución del delito aumenta.
Actualmente México, tiene el cuarto del Índice Global de Impunidad (realizado en 2017). Lo cual hace sentido ya que vivimos en un país en donde 10 mujeres al día son asesinadas; y sus perpetradores no son capturados y por ende no son procesados.
Aquí podemos ver claramente un efecto dominó. Con impunidad no hay imputados, sin imputados no hay aplicación de la ley y sin aplicación de la ley no hay pena de muerte “efectiva”, únicamente se deja un antecedente de reformas constitucionales contrarias a la salvaguarda de los derechos humanos.
Entonces ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué promueven iniciativas inoperantes en el sistema y que además su mensaje únicamente cumple la función de dividir a la sociedad en buenos y malos? En donde los malos mueren y los buenos son los verdugos.
Valdría la pena reflexionar sobre el análisis de cómo estas iniciativas afectan el tejido social y la cultura de paz aún y cuando no sean aprobadas porque el silogismo “de violencia justificada” se queda en la mente de los y las ciudadanas.
Es indispensable una reestructura completa, que vega del legislativo, en las fiscalías y no me refiero a una reestructura de papel con un nuevo brandings sino el diseño de modalidades nuevas; desde cómo se activa la alerta AMBAR, cómo se abren las carpetas de investigación, cómo se hacen las averiguaciones previas, cómo se imputa a quien es la o el presunto culpable.
Lo anterior, no es una solución que se logre en dos o tres años, tal vez no se logre en un sexenio ya que es necesario poner mucho esfuerzo en un rubro determinado, pero es una solución de fondo y que ataca una de las aristas de la problemática de raíz.
Transversalmente justo este tema es un excelente ejercicio para dimensionar qué sucede cuando no se trabaja con una línea de cultura de paz. A falta de ella se promuevan estos proyectos en contra de los Derechos Humanos e ideas que fragmentan la sociedad; en cambio con una cultura de paz se busca construir desde las instituciones mecanismo que mejora, lentos pero congruentes.
* Coordinador de Análisis y Comunicación del PAN Jalisco
