Ya en otra ocasión he sostenido lo nefasto que es, que al poder legislativo se le asigne otra tarea ajena a su naturaleza de legislar, porque a falta de un órgano encargado de nombrar a funcionarios de organismos autónomos o a los miembros del poder judicial y para no dejar esa función en manos de un solo poder de los tres que conforman el gobierno, es precisamente el poder legislativo quien lo hace.
Es el caso, que en el reciente nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se repite la práctica que se ha venido consumando en todas las legislaturas del país.
Como siempre las legislaturas nombran a través de una negociación como pago de cuotas partidistas de poder y, de paso le parten al órgano en cuestión su vocación de imparcialidad, no digo con esto que sea el caso de quienes llegan, no me refiero a las personas, me refiero al método.
Ya es tiempo de que nuestros poderes legislativos evolucionen, abriendo paso a la exploración de nuevos métodos que garanticen la imparcialidad y calidad del nombramiento de las personas que designan en todos los órganos en los que intervienen, incluido el poder judicial. Además de garantizar su imparcialidad, estarían vacunados contra cualquier compromiso contraído con los partidos políticos.
Qué pasaría si se creara un órgano autónomo, compuesto por las mujeres y hombres más notables del Estado y que igualmente se hiciera en el poder judicial con las mujeres y hombres más notables y reconocidos del país, siguiendo el modelo de la H. Junta de gobierno de la UNAM, donde son los quince más destacados universitarios, quienes la conforman, y es a ellos a quienes corresponde hacer las auscultaciones de entre la comunidad para nombrar al Rector y a los directores de todas las escuelas e institutos, su calidad moral es intachable y se ha logrado nombrar a los mejores sin intervención o influencia de nadie, igual los nombramientos de los miembros de los titulares de los organismos autónomos en el orden federal como la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), los ministros de la Corte y así sucesivamente y en el orden local a los magistrados y a los miembros del Consejo de la judicatura. Que en esa nueva institución duren en el cargo a la edad máxima de 75 años y sean sustituidos conforme cumplan la edad límite.
En el caso de la UNAM no es válido argumentar que les toca nombrar en disciplinas en las que no hay ningún miembro de la disciplina que deba nombrarse director, por ejemplo nombrar al director de odontología y no hubiera ningún odontólogo, pero la calidad de todos les permite seleccionar la mejor opción, así de ese modo estarían como miembros aquellos mexicanos que son conocidos y respetados por su imparcialidad y méritos propios. Ya es momento de comenzar esa evolución que podría comenzar en el Estado de Jalisco, para ejemplo de todo el país, y de ese modo garantizar la solvencia de los nombrados y se deja al poder legislativo, solo el nombramiento de esos miembros de la Junta de Notables relevando de esa función a los poderes legislativos cuya función no corresponde a su naturaleza de hacer leyes.
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@EduardoSadot
