Antes a mi como a muchos niños nos encomendaban la tarea de ir por las tortillas mientras preparaban la comida, con su respectiva servilleta de tela pues éramos más sustentables entonces. Pasar por afuera de la tienda de la esquina con unas moneditas del cambio en la mano y observar empaques brillantes de dulces, era un verdadero momento de ansiedad entre llevar el cambio completo o hacer la travesura de comprarme algún dulcecito y con plena certeza que llegando a casa me esperaba mi respectivo jalón de orejas porque la regla es “quedarse con dinero ajeno es indebido” cuando crecí entendí que eso también es un delito. Comparemos el cambio de las tortillas con el que se quedan ahora en los camiones.
Fue en 27 de julio de 2019 cuando la tarifa de $9.50 para el transporte público en el Área Metropolitana tomó vigencia y con ello, llegó un nuevo sistema y política de recaudo.
La apuesta era de sentido común. Un sistema de recaudo que cobrara lo justo y permitiera implementar políticas tarifarias para los sectores más desprotegidos (estado que guarda más del 48% de los usuarios del transporte público que perciben menos de 5,000 pesos mensuales o son dependientes económicos según datos de la última encuesta de satisfacción del IMTJ 2018), lograr levantar información valiosa sobre cómo se mueve la ciudad y con ello tomar decisiones de política pública en función de datos reales, con el propósito de terminar con los amagos históricos de los transportistas, consolidar la propia reinversión para la compra de unidades dignas y dentro de norma y así terminar con el rezago histórico de más del 70% de las unidades de transporte público que circulan en el Área Metropolitana conservan (Aún ya con tarifa autorizada).
La realidad de a pie “La que no platica la administración estatal” es que el costo de la tarifa del transporte público a la par del sistema de prepago, que está lejos de terminarse de implementar, ha provocado que en la práctica la subida sistemática y casi generalizada asciende a 10 pesos, porque cínicamente no entregan cambio.
Si lo vemos desde un punto de vista ético, con el mismo criterio de los mandados para las tortillas en mi casa, sin duda, el hecho que los transportistas se queden con el cambio, dinero que no les pertenece, a todas luces es un acto indebido, ventajoso y perverso.
Importante puntualizar: La operación de algunas rutas esta concesionadas a particulares (la inmensa mayoría en el estado). Otras el gobierno de Jalisco es el único responsable, SITEUR por ejemplo. Por último, en casos muy particulares, ambos privados y gobierno son accionistas es decir copropietarios, por ejemplo en sistema Macrobús.
Algunos argumentos de parte de los transportistas y del gobierno en su defensa, porque en este enjuague van juntos, en relación a este cobro indebido son los siguientes:
- El pago excedente del usuario es voluntario: En el supuesto que la persona pagara 10 pesos depositados a la alcancía, “dicen” está consiente que nadie habrá de entregarle de regreso sus 50 centavos, es que ahora los choferes ya no cobran, sólo las alcancías; por ende, un acto consentido.
- Utilizar el prepago es la alternativa: En reiteradas ocasiones la Secretaría de Transporte ha dicho que para evitar este pago excedente la alternativa que tenemos como usuarios es utilizar la tarjeta del sistema prepago que implemento el gobierno.
- El SITEUR regresa los 50 centavos con boleto: Si el usuario pagó 10 pesos su constancia está en el boleto de ingreso emitido por la máquina, posteriormente el usuario puede acudir a alguno de los puntos autorizados para hace efectiva su devolución.
En relación a dichos argumentos es necesario hacer las siguientes precisiones:
Primero; no es un acto consentido porque el usuario no tiene otra alternativa más que pagar los diez pesos de lo contrario no podrá abordar la unidad. Segundo; el sistema de prepago al que apela la autoridad tiene ya tres meses de retraso (era para el 30 de abril) no existen los puntos de recarga ni venta de tarjetas suficientes además, que me parece cínico que la autoridad y concesionarios se deslinden de la responsabilidad de cobrar lo justo y dar cambio. Tercero; el hecho de ir a solicitar su cambio con el boleto implica que el usuario se traslade a los pocos puntos de rembolso de SITEUR implicando un costo de transporte en dinero y tiempo, lo cual desincentiva que lo hagan.
Da la impresión que este nuevo sistema de cobro implementado por el gobierno, está diseñado con la misma consigna que los sistemas de cobro de los casinos “para que la casa nunca pierda”. Vaya que si nos falta 50 centavos para completar la tarifa no nos dejan abordar. Escribo estas líneas para recordarle al gobierno que el transporte público es un derecho no un negocio. Es totalmente legitimo aspirar y exigir un sistema de cobro que garantice #pagarlojusto poner al centro al ciudadano y que nadie lucre con nuestro dinero.
Ricardo Salazar en su trabajo de investigación visibilizó el lucro de parte de concesionarios y gobierno con las sumas millonarias acumuladas de excedentes, porque al margen que argumenten que dichas cantidades las tienen guardaditas en cuentas bancarias (seguramente a la espera que miles de usuarios vayamos con nuestros boletos para exigir rembolso) el hecho de tener esas sumas en el banco implica recibir beneficios económicos por concepto de interés por dinero que no es suyo, así de simple.
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