Enrique Velázquez
En nuestro país la división de poderes es la herramienta a través de la cual quienes ejercen el poder encuentran contrapesos y la que garantiza independencia en la toma de decisiones. Sin embargo, sabemos que esta división mantiene vicios que a lo largo de décadas se han enquistado en los espacios a designar sobre todo en el Poder Judicial, en el cual ningún representante es elegido mediante el voto popular. Esto ha ocasionado que los partidos políticos utilicen estos espacios como moneda de cambio o como espacios para el nepotismo y redes familiares causando que la independencia respecto al poder legislativo y ejecutivo sea nula.
Esto no solo pasa a nivel federal, en Jalisco sabemos que también esos vicios han llegado a nuestros tribunales. Por eso, desde el Congreso del Estado he presentado una iniciativa que modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de reformar el proceso de elección de los magistrados. No podemos permitir que el órgano encargado de impartir justicia, resolver los conflictos entre los ciudadanos y las instituciones públicas mantenga prácticas imparciales, con decisiones a favor de quienes ostentan el poder y no apegados a derecho.
Lo que se busca con esta reforma es que el proceso contemple una etapa de examen de conocimientos que aborde temas como los Derechos Humanos, la perspectiva de género, justicia oral y ética aplicado por universidades y el colegio de abogados. Con esto podríamos garantizar que los perfiles que se propongan para ocupar estos espacios tengan la suficiencia para desempeñarlos. Además, el proceso integral también contempla una entrevista y priorizará la carrera judicial.
Ni los magistrados, los jueces, ni cualquier cargo en la impartición de justicia deben representar intereses políticos ni cupulares del partido en el poder
Estoy convencido de que una reforma de este tipo no dará, por sí sola, solución a los problemas que actualmente padece nuestro máximo órgano de justicia, pero sí puedo asegurar que es un gran primer paso para regresarle la independencia y garantizar la división de poderes. Los magistrados, los jueces, ni cualquier cargo en la impartición de justicia deben representar intereses políticos ni cupulares del partido en el poder ni de ningún otro. En Jalisco debemos acabar con la repartición de lugares por el método de cuotas y cuates y comenzar a elegir a los perfiles por su profesionalismo, permanencia y ascenso en su carrera judicial, asegurando que, quienes lleguen, serán los mejor preparados y quienes se acerquen a la imparcialidad a la hora de ejercer su poder.
