Arturo Villarreal Palos *
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gobernación presentado a inicios de octubre de 2020, a esas fechas el registro histórico de personas desparecidas en el país alcanzaba 77,171, de las cuales 13,821 lo habian sido en este sexenio, ocupando Jalisco el primer lugar con 3,568. Conforme a lo dicho en la conferencia de prensa por el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB Alejandro Encinas, el 90% de estas desapariciones estarían vinculadas con el crimen organizado.
En cuanto al número de fosas clandestinas, el mismo reporte indicó que a partir del 1 de diciembre de 2018 se habían localizado 1,257 fosas, de las cuales se exhumaron 1,957 cuerpos, correspondiendo a Jalisco el número mas alto con 605.
El drama humano que esto encierra es de proporciones catastróficas para el país y para miles de jaliscienses, sin que a la fecha se haya dado una cabal respuesta de las autoridades para localizar a los responsables, salvo los contados casos en que ello se logra por lo que parecen ser descubrimientos fortuitos.
Pero mientras la pelota de las responsabilidades sigue brincando de una cancha a otra, parece oportuno clarificar las competencias a efecto de no seguir fomentando la impunidad.
Sea que queramos ver esto con un delito de desaparición cometida por particulares con la finalidad de ocultar la suerte o paradero de la víctima o como un crimen de secuestro con el propósito de causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad, ambos en concurso con homicidio, situación que tendría dilucidarse de acuerdo a las circunstancias del caso, lo cierto es que tanto la Ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, como la Ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, establecen reglas de competencia muy claras.
Acorde a los preceptos de ambas leyes, sin duda la competencia originaria corresponde a los Estados, salvo que los sujetos activo o pasivo sean servidores públicos federales o el Ministerio Público de la Federación ejercite la facultad de atracción o bien se acredite la existencia de algún supuesto legal que le otorgue competencia a la Federación.
Conforme a lo anterior, ambas leyes señalan que la federación será competente para conocer del hecho cuando durante la investigación se encuentren indicios que en su comisión participó una persona vinculada con la delincuencia organizada, por lo que de ser cierta la afirmacion del Subsecretario Encinas en el sentido de que el 90% de estas desapariciones estarían vinculadas con el crimen organizado, la participacion federal en estas investigaciones se torna inaplazable.
En conclusión y si bien la cuestión parece ser un asunto que corresponde encabezar a la federación, la coordinación con las autoridades estatales y su decidida participacion es no solo necesaria sino indispensable para combatir la impunidad y dar satisfacción a los justos reclamos de las víctimas.
* Académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia.
