Enrique Velázquez
Dentro de los mecanismos de participación ciudadana que fueron incluidos en nuestras leyes hace apenas unos años se encuentra la consulta ciudadana, un instrumento valioso para que los mexicanos opinen, participen y voten de manera directa en proyectos que consideran convenientes para su colonia, municipio, estado y país. No obstante, esta importante herramienta democrática ha sido desgastada por el presidente electo como una forma de validar las decisiones que tendrá que tomar a partir del 1° de diciembre.
Hoy debatimos la consulta popular en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), mañana podría ser cualquier otro tema; sin embargo, si la información sobre éste no es pública y suficiente, es decir, con las ventajas y desventajas sobre lo que se propone, no habrá un análisis previo de la situación y mucho menos una participación racional el día de la consulta. Debemos apostar por modelos que han adoptado países con democracias avanzadas donde toda la información relacionada al tema de consulta es enviada a los ciudadanos para que prevalezca el derecho a la información, además que la votación es en torno a un sí o un no sobre una sola propuesta y no sobre dos opciones distintas.
En el caso del NAICM podemos argüir que existe información, en redes sociales y medios impresos hay una sobresaturación sobre el tema, pero no precisamente información precisa que nos ayude a tomar una decisión, quienes motivan la consulta exponen que existe corrupción, especulación inmobiliaria y un gran impacto ambiental en la construcción del NAICM, suficiente, dicen, para cancelar el proyecto. Pero hasta hoy, no hay investigaciones, al menos de consulta pública, que den sustento a tales afirmaciones.
Los defensores del ejercicio de consulta argumentan sobre la importancia de la participación democrática e incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones; mientras que los detractores critican la ilegalidad del proceso y lo que esto conlleva al no ser una consulta respaldada por ninguna institución, ya que el diseño, la ubicación de casillas y el conteo de resultados recae únicamente en la misma persona quien convocó a esta práctica, y esto lejos de ser un ejercicio que abone a nuestra democracia, se presta para justificar intereses y decisiones que ya están tomadas.
Sin duda estoy a favor de consultar ya que puede llegar a ser una herramienta muy útil, pero esta forma no es la adecuada. Debemos apostar por la legalidad institucional, el planteamiento puntual de los problemas, las soluciones y viabilidad, así como dotar de información veraz, oportuna y sencilla de entender a todos los ciudadanos.
