No hay felicidad completa ni corrupción en cero. A pesar de anuncios, discursos y buenas intenciones, la corrupción prevalece como una de las graves fallas de nuestro sistema político, que a pesar de las continuas transiciones democráticas ocurridas durante el siglo XXI, que nos han llevado de un partido en el gobierno a otro, de regreso y a otro diferente en un lapso de solo 18 años, cada vez genera más consecuencias la dispersión de dicho mal en todas las entidades de gobierno en sus tres órdenes.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador arrancó otorgándole un bastón de mando a Santiago Nieto, designándolo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, una más de las caprichosas entidades creadas por AMLO para descansar sobre ellas con la consecución de sus compromisos de campaña y objetivos estratégicos, se vislumbró siempre como una herramienta de presión, un brazo amartillado del gobierno federal para inhibir, someter, disuadir a opositores y actores políticos que así lo requirieran.
Tras 3 años de servir a los intereses presidenciales de López Obrador, en las últimas semanas pasó del cielo al infierno. Primero tuvo que salir de la UIF, por diversos motivos, aunque su boda, considerada como indefendiblemente suntuosa, se tomó como el factor detonante que lo orilló a ello. Entender que con un salario mensual de 107 mil pesos, siendo Santiago Nieto quien encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adquirió un auto y cuatro propiedades por valor de 40 millones de pesos en un periodo de 25 meses es sumamente complicado.
Por otra parte, la administración morenista transita por momentos difíciles pues otra columna que soportaba la narrativa épica y la ficción del combate a la corrupción, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, está siendo hoy investigado por la multicitada UIF, ahora encabezada por Pablo Gómez, por enriquecimiento ilegitimo. Se ventila en la investigación que en un año gasto 109 millones de pesos en autos de lujo como Mercedes Benz y un Rolls Royce, así como que de 2013 a 2021 realizó transferencias millonarias al extranjero y recibió depósitos que ameritan la investigación.
Así, las sospechas de enriquecimiento ilícito de los miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicadas, difundidas y comentadas en medios de comunicación y redes sociales, ponen en entredicho la hipótesis con la que convencieron en campaña a millones de mexicanos de votar por morena, para acabar la corrupción, para sacar del gobierno a los rapaces, a los corruptos, a los abusivos. El estilo de vida que se proyecta por parte de los funcionarios de primer nivel de este gobierno autodenominado austero y republicano, dista mucho entre el hecho y el dicho. Si algo pensaban millones de mexicanos que iba a suceder en México cuando gobernara AMLO, era que finalizarían las historias que combinan a la política con la alta sociedad, con el hampa, con el crimen organizado y con el enriquecimiento a costillas del erario público. Sin que exista condena alguna, solo en etapa de investigación, parece evidente que la falta de pruebas no elimina las dudas, que la confianza se debilita, que la esperanza empieza a tener espacios de difícil defensa aun utilizando la narrativa del manual “nosotros somos diferentes”, “no somos iguales” o México ya cambió”.
La realidad se abre camino y la verdad saldrá a flote.
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