Hace algunos días que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco nuevamente generó controversias. Y decir nuevamente es porque una y otra vez esta dependencia ha sido señalada por la opacidad, corrupción y la malversación.
Este instituto fue creado décadas atrás y en su momento fue modelo a nivel nacional para garantizar la seguridad social de quienes trabajaban en el servicio público. Sin embargo, hace sexenios que se ve envuelto en escándalos que no discriminan colores partidarios.
En 2009 en el gobierno del panista Emilio González Márquez, se modificó la Ley de Pensiones permitiendo que sus recursos pudieran ser puestos en inversiones arriesgadas y estas decisiones recaerían en un comité de inversiones supuestamente integrado por especialistas en finanzas.
A mediados de este enero, en una rueda de prensa por parte del gobierno de Jalisco, se dio a conocer que como resultado de una auditoría realizada al Instituto de Pensiones, se detectaron irregularidades por casi 3 mil millones de pesos -solamente- en 26 empresas entre 2011 y 2016 y que por ello se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Las cifras derivadas de esta auditoría son alarmantes y las inconsistencias aún más, pues no hubo cumplimiento de las políticas de inversión, tanto por exceder el monto permitido como porque no existían planes de acción en caso de fluctuaciones negativas y porque se procedió con todo y bajas calificaciones y reportes de la Bolsa Mexicana de Valores.
Por si fuera poco, el problema no es solo de ese tamaño pues desde la reforma al IPEJAL y por nombrar casos emblemáticos, se encuentran inversiones realizadas con recursos públicos: terrenos a sobreprecio en Chalacatepec, los 340 millones invertidos en las famosísimas Villas Panamericanas, el centro de retiro de Santa Cruz de la Soledad que costó nada más y nada menos que 390 millones de pesos y la participación en al menos 7 fideicomisos a constructoras.
El director del IPEJAL, Héctor Pizano reconoció que la responsabilidad de estas inversiones es el Comité de Inversiones y también del Consejo de Administración; el primero porque valora riesgos y utilidades, el segundo porque es informado de las decisiones que toma este consejo inversionista.
Por nombrar dos personajes que tendrían que estar dando explicaciones, están Franciso Ayón, el priísta que estuvo al frente del Consejo de Administración en el sexenio de Aristóteles Sandoval y Juan Jaime Petersen Farah, asesor financiero de larga continuidad del consejo de inversiones pues se ha mantenido en actividades al menos desde 2010.
Como último recordatorio, vale decir que el tema de las “pensiones doradas” ha sido otro asunto de preocupación referente al IPEJAL, pues existen casi un centenar de funcionarios que reciben pensiones de entre 107 mil a 200 mil pesos mensuales, situación que claramente pone en riesgo la sostenibilidad del instituto. Recordemos algunos nombres de esta lista VIP de pensionados: el exgobernador Francisco Ramírez Acuña; el exalcalde tapatío, Eugenio Ruiz Orozco; el ex senador panista y coordinador de la bancada de Morena en la actual legislatura, Chema Martínez; el ex auditor Alonso Godoy Pelayo; el ex magistrado Gregorio Rodríguez Gutiérrez; la ex consejera de la judicatura María Carmela Chávez Galindo y el ex juez Jorge García González.
En resumen, la podredumbre del IPEJAL es evidente. Es posible y necesario rastrear nombres, fechas y cifras; y por supuesto, tiene que haber consecuencias que impliquen la recuperación de esos recursos, que además de públicos, son garantía para miles de trabajadoras y trabajadores.
* Vicepresidenta de Hagamos
