En un país con una acentuada brecha de desigualdad como lo es México, es sin duda ofensivo para la gran mayoría de la población percatarse de los excesos y corruptelas de un sinnúmero de servidores públicos, como es el caso reciente de #LordMinistro, Alfonso Eduardo Serrano Ruiz, titular del Tercer Tribunal Unitario de Veracruz, quien fue expuesto en redes sociales por sus extravagantes fotografías fumando puros, conduciendo autos de lujo y portando relojes Rolex.
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, una persona con licenciatura en México gana en promedio 11 mil 327 pesos mensuales. Es decir, un profesionista promedio requeriría 12 meses completos de su sueldo para adquirir un Rolex de un valor de siete mil dólares. Ahora, no se diga un mexicano que concluyó estudios hasta el bachillerato, cuyo sueldo promedio es de seis mil 305 pesos mensuales, con este ingreso a una persona le costarían 22 meses de sueldo íntegro para poder comprar un reloj así.
Es precisamente este tipo de contrastes económicos y abusos de algunos cuantos funcionarios los que tienen a la sociedad fastidiada y extremadamente molesta con la clase política. Sin embargo, en el marco de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que prevé que ningún funcionario pueda ganar más que el Presidente de la República, algunas cuestiones se han sacado de contexto y es preciso matizarlas.
Por un lado, es importante identificar que los grandes actos de corrupción de la administración pública han sido a través del desvío de recursos de programas sociales, o la triangulación de recursos mediante empresas fantasma (Estafa Maestra, Javier Duarte), o amañando licitaciones de obra pública. Es muy injusto medir la corrupción gubernamental desde la óptica exclusiva de las remuneraciones de los servidores públicos, cuando la mayoría de éstos nada tienen que ver con los grandes actos de corrupción de los gobiernos.
Por otra parte, es importante tener en consideración que si bien es cierto que existen inconsistencias en los tabuladores salariales y debe analizarse de fondo la proporcionalidad del sueldo con respecto a las labores que realiza cada funcionario, también es cierto que el desincentivo salarial puede ocasionar “fugas” hacia la iniciativa privada en un afán de proteger pensiones y/o prerrogativas.
Sin duda esta ley viene a afectar los intereses de muchos funcionarios con sueldos exorbitantes y a terminar con la fallida idea de que una buena remuneración reduce las posibilidades de cometer actos de corrupción, ya que quienes mayores corruptelas han cometido son los servidores con mayores rangos jerárquicos y mayores remuneraciones. Sin embargo, es importante matizar y considerar que no a todos se les puede medir con la misma vara y hay cargos que no deben sufrir reducciones salariales de las mismas proporciones ni bajo las mismas condiciones.
Si no queremos más #Lords de Gobierno es importante realizar una profunda reingeniería del servicio público, pagando salarios justos y proporcionales al trabajo realizado, dignificando la función pública y enfocándola al servicio, la innovación, la eficiencia, transparencia y austeridad, así como establecer un servicio civil de carrera que realmente estimule la capacidad y la honradez de los buenos servidores públicos en lugar de que cada tres o seis años vengan nuevos aprendices.
* Politóloga
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