La institucionalización de las comisiones o “moches” en la obra pública está tan arraigada en el gremio de los constructores que se asume como parte financiera a presupuestar. Hace tiempo los estudiantes de carreras afines al Desarrollo Urbano, Arquitectura, Ingeniería, dejaron de tomar en cuenta el impacto ambiental y social para participar en el círculo perverso de la alta rentabilidad que otorga la especulación, la corrupción y la simulación de valores perdidos como la honestidad por encima del éxito económico.
Así surge de manera habitual en la obra pública la trampa de la licitación para opacar todos los vicios con apetitosas ganancias para los beneficiarios de un Gobierno federal, estatal o municipal en la cual los límites se superan con la capacidad técnica y relaciones políticas para cubrir lo fundamental en el proceso jurídico-político para que suceda lo de siempre: obra pública cara, de mala calidad y mal planificada.
Es el caso, sin duda alguna de la Línea 3 del Tren Eléctrico en el Área Metropolitana de Guadalajara cuyo daño colateral rebasa la duplicación de su presupuesto al pasar de 17 mil millones a más de 34 mil millones, es decir, más del doble, y por lo que el gobernador Enrique Alfaro se vio obligado a solicitarle al presidente López Obrador subsanar esa pifia institucional que aún requiere 3,500 millones de pesos de parte del Gobierno de la República sin considerar otros probables errores como el de los multicitados “neoprenos”. Otras adquisiciones o compras escandalosas como la que hoy permea en la Secretaría de Salud podrían surgir en cualquier área gubernamental.
No obstante, las instituciones profesionales y de la Sociedad Civil que debieran elevar su indignación, prefieren guardar silencio con la esperanza de ser beneficiadas por un nuevo régimen o cuando menos así sugiere el lado silencioso de la mayoría de los colegios de Ingenieros, Arquitectos, Abogados, Médicos y hasta Sociólogos Urbanos quienes, inevitablemente, saben que a la Línea 3 del Tren Eléctrico aún le faltan años de estudios y evaluación para el desarrollo de un verdadero proyecto de recuperación urbana y comunitaria integral la cual incluya la reactivación económica de las áreas devastadas por una obra que se alarga transexenalmente y con muchos espacios públicos demandantes de reactivación económica, comunitaria, cultural y de seguridad a lo largo de las decenas de kilómetros de impacto sin precedente en la historia del Estado de Jalisco.
El retraso de casi dos años en esta importante obra ha causado tantas molestias y degradación para la vida urbana, que más allá de la sustentabilidad económica de las áreas impactadas, hoy presenta graffitti y abandono por las empresas comprometidas con terminarla. Las cuales son tan solo una representación de la falta de respeto a la memoria histórica de la ciudad y a lo largo de muchos años.
* Académico del CUAAD
* Universidad de Guadalajara
carlosm_orozco@hotmail.com
