/ lunes 13 de septiembre de 2021

Libre, legal, seguro y gratuito

La semana pasada la Suprema Corte resolvió a favor de las mujeres y personas gestantes. Con sus resoluciones respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo dieron un paso que no pensábamos pudiese darse desde gobierno alguno, por eso consideramos que lo ocurrido es un evento histórico para los derechos humanos, sexuales, reproductivos y de la salud de todas las mujeres y personas gestantes.

Las magistradas y magistrados han girado la llave para abrir el camino a la progresividad de nuestros derechos. Con esto comenzamos a dejar de lado el debate de estar a favor o no de la interrupción del embarazo, porque el debate es mucho más complejo que eso y porque después de lo ocurrido en la última semana lo que tendríamos que poner sobre la mesa son condiciones en las que debería llevarse a la ley, es decir, establecer plazos, obligaciones de los institutos de salud, hablar sobre la objeción de conciencia y los casos en los que debería de ocurrir.

Las acciones deben enfocarse en armonizar las legislaciones locales y la nacional con lo dictaminado por la Corte. Las interrupciones ocurren sea legal esta práctica o no (según datos del IIEG, en 2017 Jalisco fue la cuarta entidad con mayor incidencia de abortos en el país). Lo de la interrupción legal o criminalizada tiene que ver con las situaciones, estigma y marginalidad en las que ocurrirán dichas interrupciones porque simplemente penalizar y prohibir (no solo en este sino en todos los casos) no elimina las problemáticas, y mucho menos es sinónimo de política pública que las atienda. Debemos preocuparnos porque se realicen los procedimientos de manera segura (para evitar complicaciones, infecciones, y daños graves) y garantizar la gratuidad y el acceso real del mismo (porque no hacerlo significaría abrir aún más las brechas de desigualdad por condición socioeconómica, etnia o lugar de residencia y su impacto en el acceso a la salud (y otros derechos humanos).

Lo anterior sin olvidarnos de poner atención en simplificar los procesos de amparo para la excarcelación de quienes han sido enjuiciadas por interrumpir su embarazo.

En un par de semanas más, el 28 de septiembre, se conmemora el día de acción global por la despenalización del aborto porque en 1990 se realizó el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en Argentina. En la declaración de dicho encuentro, se estableció que “los servicios de salud adoptan actitudes frente al aborto que lo mantienen en la clandestinidad, negando la asistencia y llegando a la tortura; que la maternidad involuntaria es una forma de esclavitud de las mujeres; que sectores de poder tienen actitudes hipócritas al negar, reprimir y castigar a las mujeres víctimas del sistema que ellos mantienen; que no hay acceso a la educación sexual ni a métodos anticonceptivos seguros para todas, así como tampoco hay apoyo a la maternidad, pero sí se les culpabiliza ante la ley”, argumentos que después de 30 años, continúan vigentes.

Legalizar la interrupción del embarazo y garantizar que el Estado brinde el servicio, no es nada parecido a promoverlo, sino dejar atrás los prejuicios, estigmatizaciones y criminalización que giran alrededor de dicha práctica para asegurar que quien decida hacerlo lo hará de la forma menos riesgosa y sin ser penalizada, dejando así que la decisión final sobre el número y espaciamiento de sus hijos e hijas, sea de manera libre, responsable e informada, acorde a lo establecido en el Art. 4 de nuestra constitución. La resolución de la Corte puede marcar no sólo la historia de nuestro país, sino la historia de miles de mujeres, de las que ya estamos aquí y de las que están por venir.

* Vicepresidenta de Hagamos

La semana pasada la Suprema Corte resolvió a favor de las mujeres y personas gestantes. Con sus resoluciones respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo dieron un paso que no pensábamos pudiese darse desde gobierno alguno, por eso consideramos que lo ocurrido es un evento histórico para los derechos humanos, sexuales, reproductivos y de la salud de todas las mujeres y personas gestantes.

Las magistradas y magistrados han girado la llave para abrir el camino a la progresividad de nuestros derechos. Con esto comenzamos a dejar de lado el debate de estar a favor o no de la interrupción del embarazo, porque el debate es mucho más complejo que eso y porque después de lo ocurrido en la última semana lo que tendríamos que poner sobre la mesa son condiciones en las que debería llevarse a la ley, es decir, establecer plazos, obligaciones de los institutos de salud, hablar sobre la objeción de conciencia y los casos en los que debería de ocurrir.

Las acciones deben enfocarse en armonizar las legislaciones locales y la nacional con lo dictaminado por la Corte. Las interrupciones ocurren sea legal esta práctica o no (según datos del IIEG, en 2017 Jalisco fue la cuarta entidad con mayor incidencia de abortos en el país). Lo de la interrupción legal o criminalizada tiene que ver con las situaciones, estigma y marginalidad en las que ocurrirán dichas interrupciones porque simplemente penalizar y prohibir (no solo en este sino en todos los casos) no elimina las problemáticas, y mucho menos es sinónimo de política pública que las atienda. Debemos preocuparnos porque se realicen los procedimientos de manera segura (para evitar complicaciones, infecciones, y daños graves) y garantizar la gratuidad y el acceso real del mismo (porque no hacerlo significaría abrir aún más las brechas de desigualdad por condición socioeconómica, etnia o lugar de residencia y su impacto en el acceso a la salud (y otros derechos humanos).

Lo anterior sin olvidarnos de poner atención en simplificar los procesos de amparo para la excarcelación de quienes han sido enjuiciadas por interrumpir su embarazo.

En un par de semanas más, el 28 de septiembre, se conmemora el día de acción global por la despenalización del aborto porque en 1990 se realizó el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en Argentina. En la declaración de dicho encuentro, se estableció que “los servicios de salud adoptan actitudes frente al aborto que lo mantienen en la clandestinidad, negando la asistencia y llegando a la tortura; que la maternidad involuntaria es una forma de esclavitud de las mujeres; que sectores de poder tienen actitudes hipócritas al negar, reprimir y castigar a las mujeres víctimas del sistema que ellos mantienen; que no hay acceso a la educación sexual ni a métodos anticonceptivos seguros para todas, así como tampoco hay apoyo a la maternidad, pero sí se les culpabiliza ante la ley”, argumentos que después de 30 años, continúan vigentes.

Legalizar la interrupción del embarazo y garantizar que el Estado brinde el servicio, no es nada parecido a promoverlo, sino dejar atrás los prejuicios, estigmatizaciones y criminalización que giran alrededor de dicha práctica para asegurar que quien decida hacerlo lo hará de la forma menos riesgosa y sin ser penalizada, dejando así que la decisión final sobre el número y espaciamiento de sus hijos e hijas, sea de manera libre, responsable e informada, acorde a lo establecido en el Art. 4 de nuestra constitución. La resolución de la Corte puede marcar no sólo la historia de nuestro país, sino la historia de miles de mujeres, de las que ya estamos aquí y de las que están por venir.

* Vicepresidenta de Hagamos