La movilidad será el único tema en el que la administración estatal actual podrá heredar un legado, Mi Macroperiférico y la línea 4 son evidencia de esto. A pesar de estos avances el modelo de sistema de transporte del AMG no ha sido diseñado con la intención plena de garantizar el derecho a la movilidad asequible y digna, sino bajo esa “premisa” se ha ido instalando un modelo de transporte público que es un negocio redituable para los grandes concesionarios del transporte en la ciudad, por ejemplo los hermanos Óscar y Hugo Higareda.
El modelo de transporte actual está viciado con conflicto de intereses de origen, muestra de ello lo que hicieron con el método de cobro, haber implementado una tarifa fraccionada de 9.5 y de manera alevosa y dolosa haber instalado máquinas de cobro (alcancías rateras) que no dieran cambio. Claramente su propósito fue quedarse con el cambio del usuario, una suma importante, pues cada día se embolsan 1.1 millones.
Otro conflicto de interés es el hecho de que el gobierno de Jalisco contratara a los hermanos Higareda para instalar las máquinas de cobro al transporte público, entre ellos también a los camiones de la alianza de camioneros que son suyos; esto los convierte proveedores y clientes al mismo tiempo, por lo cual se ve comprometida la calidad de las máquinas y su desempeño. Un tercer conflicto radica en el costo del servicio, porque además de la tarifa que pagamos, en lo que va de la administración, el gobierno ha otorgado más de 1,500 millones de pesos en subsidios a transportistas, algo así como 1 millón de pesos diarios, que nos cuestan a todos los jaliscienses.
Con esto intento explicar que el sistema busca brindar un servicio público, sí, pero con ganancias sustantivas para unos cuantos. Por eso desde la organización estudiantil decidimos exhibir la corrupción y promovimos instrumentos jurídicos por todas las vías con el propósito de defender el derecho a un transporte público que no nos robe y frenar el fraude de las alcancías rateras. Hay que destacar que ningún instrumento o investigación prosperaron y es entonces que nos sorprende el anuncio la semana pasada de vinculación a proceso de los hermanos Higareda bajo supuesto de haber cometido fraude a otros concesionarios por no haberles instalado en tiempo y forma máquinas de cobro (alcancías rateras). Sorprende que la Fiscalía vincule a proceso a dos de los chiqueados de la actual administración que han estado más que cerca y que son los beneficiarios de la concepción de todo el macroperiférico. La cercanía con el poder suele ser directamente proporcional con el nivel de impunidad, esperemos a ver el desenlace de esta historia, no caiga en la impunidad.
Por último, quiero dejar claro respecto a la declaración del gobernador de que es conveniente revisar la tarifa del transporte público, que no vamos a tolerar un aumento. En el presente es insostenible. En promedio cada persona gasta diario 33 pesos en transportarse, eso representa el 20 por ciento del ingreso de una persona que gana el salario mínimo, así de abusivo y discriminante sería un aumento a la tarifa. ¡El transporte público es un derecho, no un negocio!
Lo bueno es que por fin parece haber algo de justicia. Lo malo es que se vislumbra un aumento en la tarifa del transporte público. Lo irónico es que para defender los derechos de los concesionarios, la justicia sí es próspera, pero para defender los derechos de la ciudadanía en colectivo no es así de eficiente. Lo triste es que las alcancías rateras nos seguirán robando con el amparo del Estado.
Presidente de la FEU*
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