Hace dos años, en medio de la crisis sanitaria más terrible que hemos vivido a nivel mundial, se reveló con brutalidad el verdadero rostro del gobierno que tenemos en Jalisco: autoritario y represor. Hagamos memoria, Giovanni tenía 30 años y era albañil, fue arrestado un 4 de mayo del 2020 en Ixtlahuacán de los Membrillos, un día después murió como consecuencia de la brutalidad policiaca. Lo asesinaron. Ante estos hechos, la respuesta fue la movilización; su familia, amigos y muchos jóvenes salimos a manifestarnos el 4 de junio, sin saber que la brutalidad policiaca nos esperaba.
Algunos manifestantes fueron víctimas del delito de intento de desaparición forzada. Fue así que el #5deJunio se convocó a otra manifestación en calle 14 para exigirle a la Fiscalía del Estado poner en libertad a los detenidos. El nombrado ‘halconazo tapatío’ fue una escena de terror, policías encapuchados, en vehículos sin placas, armados con palos y pistolas (el parecido con el actuar del crimen organizado no es coincidencia) detuvieron a mis compañeros, los ingresaron a la Fiscalía para torturarlos psicológicamente y después los soltaron en la periferia; se sabe que fueron al menos 60 jóvenes, entre ellos también había mujeres, las que sufrieron las órdenes de un gobierno represor. En un hecho sin precedentes, el gobernador aceptó que la Fiscalía del Estado estaba infiltrada por el cartel y que habían actuado sin su consentimiento, sus palabras en ese momento fueron: “vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias, y en Jalisco va a haber justicia, no será una historia más de impunidad”.
Resulta indignante que siendo que el 5 de junio participaron al menos 100 elementos de la Fiscalía del Estado, solo 11 fueron sujetos a investigación, de los cuales solo 4 fueron judicializados por el delito de “abuso de autoridad”, un delito con una pena mucho menor a desaparición forzada, la cual les permitió que al día de hoy ninguno de ellos esté en la cárcel, además de seguir trabajando en la Fiscalía pues lograron resolver su situación con un pago por concepto de compensación económica para las víctimas. Cada policía imputado desembolsó alrededor de 30 mil pesos para resolver su situación jurídica y así dar por concluido el Halconazo tapatío.
Esto nos muestra la incompetencia de la Fiscalía Anticorrupción que estuvo a cargo de las investigaciones, ese fiscal no desquita ni su sueldo. A pesar que la FGR atrajo el caso, no trabajaron para garantizar justicia, ni siquiera lo aparentaron, no hubo diligencias, ni un solo detenido por su cuenta. La Fiscalía ha perdido su credibilidad, antes cuando un caso era altamente mediatizado como lo fue el halconazo tapatío, hacían el intento, ahora ya ni eso porque saben que no habrá consecuencias por su incompetencia, y eso es lo que precisamente mantiene el sistema de impunidad.
Preocupa además que el gobernador mantiene el pacto de impunidad con su Narco-Fiscalía (así mismo la denominó) que usa todo el poder que le dimos en la urna para protegerlos. En Jalisco quien la hace no la paga, en Jalisco la justicia se negocia, está a la venta, como estos policías que la compraron, en Jalisco no hay Estado de Derecho. ¿Por qué hay una crisis de desaparecidos? ¿Por qué desaparecen 18 personas diarias en Jalisco? Porque la impunidad lo permite. Mientras no tengamos justicia, las palabras del gobernador son mera simulación.
Ante la indignación por los abusos de autoridad, las juventudes nos movilizamos con la sociedad jalisciense para exigir justicia y buscar escribir una historia diferente, una donde exista resistencia, una donde no haya cómplices porque las y los universitarios no vamos a guardar silencio, y seguiremos siendo incómodos porque la violencia en nuestro estado no es normal. La vía del gobernador para someternos solo ha acrecentado nuestra acción de lucha, aún no se ha dado cuenta que su represión alienta nuestra resistencia.
Presidente de la FEU*
Redes sociales
Twitter: @JavierArmentaMX
Facebook: Javier Armenta @JArmentaMX
