En días pasados el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudió como orador a una conferencia organizada por la ANUIES, y puso el dedo en la llaga. El Ministro Presidente dijo que pocas carpetas de investigación abiertas son judicializables porque van mal integradas por los Fiscales.
De nada sirve toda la parafernalia que se inició durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto para reformar el sistema penal nacional, creando un código nacional de procedimientos penales, una ley nacional de ejecución de penas y más reformas sobre la materia, cuando las autoridades encargadas de la persecución de los delitos y los delincuentes, conforme al artículo 21 Constitucional no presentan a los jueces cuadernos de investigación y consignaciones bien fundadas, lo que permite que los presuntos responsables de la comisión de delitos queden en libertad y sus conductas impunes.
Saldívar Lelo de Larrea, exigía que se sancionaran a los responsables de los delitos contra la mujer y sobre todo a los feminicidas; lamentablemente el primer juez de la nación, por seguir disfrutando de su zona de confort no dio nombres y apellidos de los que han contribuido a ese clima de impunidad que se respira en torno a los feminicidios, es decir las Fiscalías y también las Comisiones de Derechos Humanos.
Prefirió salirse por peteneras, atribuyendo responsabilidades a otras dependencias, olvidándose que también el poder judicial por exceso de formalismos y por corrupción contribuye a dejar impunes las conductas delictivas, utilizando a conveniencia principios jurídicos que riñen con el concepto moderno de la justicia que busca tanto la sanción del delincuente como su reinserción social, pero sobre todo la reparación del daño a las víctimas que las mas de las veces son revictimizadas por funcionarios incompetentes, tanto por parte de las Fiscalías como por parte del Poder Judicial y la excesiva complacencia de las Comisiones de Derechos Humanos, que se preocupan mucho mas por las personas que son sujetas a procedimientos de investigación ministerial o judicial que las propias víctimas.
Es cierto que los delincuentes tienen derechos humanos pero también es cierto que los ofendidos por las conductas delincuenciales los tienen y deben ser priorizados; por otra parte la poca capacitación de los primeros respondientes, de los fiscales instructores, los jueces de control y los de instrucción, aunado a un esquema de demasiada complicación para el despacho de asuntos, todo esto en conjunto, hace que sea una quimera la justicia pronta, gratuita e imparcial que consagra el artículo 17 constitucional. La justicia en México es lenta, cara y no es imparcial.
La deficiencia en la integración de las carpetas de investigación, la excesiva intromisión de las Comisiones de los Derechos Humanos y la corrupción y mañas del poder judicial son los que hacen nugatorio el castigo de los feminicidios y la violencia contra la mujer en México. Sin andar con rodeos, es mejor decir las cosas como son.
* Doctor en Derecho
Twitter. @campiranowolf
