Hace aproximadamente 10 meses hemos vivido un hecho histórico un tanto desalentador y difícil: la pandemia del coronavirus. Esta emergencia sanitaria cambió total y radicalmente nuestra rutina y la manera de concebir la salud pública a nivel municipal, estatal, federal y mundial.
Recientemente, en el caso de México, recibimos buenas noticias pues la vacuna ya es un hecho en nuestra tierra.
Aunque, como bien lo explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna no resolverá por sí sola la pandemia y es necesario mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y sana distancia. Se vuelve un tanto crítico y complicado este tema de la vacunación, pues en México, somos más de 126 millones de personas y acorde a esto, el gobierno de México presentó un esquema de vacunación nacional.
De esta manera, México comenzó su programa de vacunación contra el covid-19, con 3,000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, fabricada por Alemania y Estados Unidos. México tiene uno de los índices de muertes causadas por la pandemia más altos del mundo, superado solamente por Estados Unidos, Brasil e India.
Me parece prudente el ejercicio de rescatar los derechos a los que debemos gozar en materia de salubridad por simplemente ser seres humanos, pues esta pandemia ha revelado la gran inconsistencia social en la que vivimos, donde se ha dejado de lado a los más desfavorecidos.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que con el objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos es que todas las políticas, estrategias y programas se formulen con el fin de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para todas las personas. El Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, Estados y Municipios de acuerdo a lo establecido en la ley. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
Los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios. Todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición. La no discriminación y la igualdad exigen que los Estados adopten medidas para reformular toda legislación, práctica o política discriminatoria.
Un enfoque de la salud basado en los derechos humanos ofrece estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los resultados sanitarios.
* Coordinador de análisis y comunicación del PAN Jalisco
