Del halconazo del 5 de junio de 2020 en Guadalajara, donde decenas de policías de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública secuestraron, torturaron y desaparecieron a alrededor de 100 personas, entre ellas estudiantes que habían salido a exigir justicia por el asesinato de Giovanni López, y que al día de hoy sigue impune, ¿cuál es la factura?
El gobernador prometió justicia implacable para justificar el por qué no despidió al Fiscal del Estado ante los hechos del 5 de junio, que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos calificaron como desaparición forzada y tortura, delitos de lesa humanidad. El gobierno de Jalisco, muy a su estilo, formó unas mesas con miembros del colectivo Somos 4, 5 y 6, con el falso propósito de resarcir el daño para las víctimas. La justicia prometida no llegó sino que la intervención del gobierno disolvió el colectivo al dividir sus posturas.
A un año de que los mayores organismos de derechos humanos pusieran sus ojos en Guadalajara, el gobernador del estado Enrique Alfaro grabó un mensaje sosteniendo que “no hay impunidad”. Tal parece que tanta revoltura de tierra por las fosas clandestinas le revolvieron también los conceptos de justicia e impunidad. Con qué cinismo se atreve afirmar que se hizo justicia si de las más de 50 personas implicadas solo 9 funcionarios fueron sometidos a proceso por delitos menores para llevar su proceso en libertad; el único policía que permanecía en prisión, el excomandante Salvador Perea Rodríguez obtuvo la suspensión condicional del proceso y fue puesto en libertad por el juez Raúl Valdés Arredon. Los otros 8 elementos están implicados en la carpeta de investigación 320/2020 que la FEU y el Mtro. Cotero le damos seguimiento. De esos 8, el juez tomó la decisión de perdonar a los primeros 4, es decir al día de hoy por los hechos del 5 de junio solo 4 personas están sujetas a proceso.
Resulta indignante que el gobernador Enrique Alfaro se atreva a decir que los responsables de las detenciones ilegales del 5 de junio están tras las rejas “pagando la consecuencia de sus actos”, cuando no hay nada más lejos de la verdad, pues lo cierto es que ningún policía involucrado se encuentra hoy tras las rejas. No fueron detenidos todos los causantes materiales ni intelectuales del 5 de junio, y los pocos que fueron procesados se les acusó de un delito menor para que pudieran tener derecho a llevar su proceso en libertad.
Si eso es sinónimo de justicia para nuestro gobernador, se entiende por qué los problemas de inseguridad, desapariciones forzadas y fosas clandestinas han escalado en nuestro estado, porque vivimos en un estado de impunidad. Nos consterna que la “reparación del daño” signifique únicamente 25,000 pesos para víctimas que fueron privadas de su libertad. Lo anterior confirma el dicho: en Jalisco quien lo hace no la paga y si la “pagan” les sale barato. Lo único real que trasciende de manera inmediata es exhibir a los políticos y sus fallas. Ni hoy ni nunca seremos cómplices por guardar silencio.
* Presidente de la FEU
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