México tiene un gran reto cuando hablamos de mejora democrática y en función de ello es que las instituciones públicas, comenzando por el Gobierno, deben reflexionar, evaluar y definir las prioridades democráticas sobre las cuales habrían de trabajar para ampliar los márgenes de legitimidad en las decisiones y de beneficio social en la implementación de estas últimas.
Lo anterior, adquiere relevancia para México en un contexto de generalizada insatisfacción ante la democracia y en consecuencia una amplia crítica frente a ella. Resulta significativa la mención que realiza la Corporación Latinobarómetro en su informe 2021 que en América Latina “las democracias se han consolidado en grados crecientes de imperfección con Estados anquilosados”.
La fortaleza de una democracia, comienza desde la delimitación de las prioridades de los actores políticos y sociales que en ella participan. En el caso del Gobierno Mexicano, encontramos que los asuntos que atiende como prioridades del sistema democrático son la descalificación ante el disenso, el ataque frente a la crítica y el empleo de procesos de consulta, no para conocer la opinión de las mayorías, sino para confirmar su posición como líder político del régimen. El uso de las instituciones del Estado para perseguir adversarios políticos, el empleo de su mayoría parlamentaria para debilitar presupuestalmente a organismos y poderes públicos que no se doblan ante sus caprichos políticos o las innecesarias consultas públicas que no son otra cosa que actos de proselitismo y movilización por parte de Morena, su brazo electoral, confirman tal postura.
La última de las ocurrencias impulsadas desde Palacio Nacional, la revocación de mandato del Presidente López Obrador, en términos claros, no hace un favor significativo a la calidad de nuestra democracia y objetivamente no puede entenderse dicho ejercicio como una prioridad en la agenda democrática de nuestro país.
En México, no podemos calificar como una prioridad democrática un ejercicio en el cual: se falsifican firmas -hasta ahora más de 70 mil según cifras de la autoridad electoral-, se obliga a servidores públicos a hacer proselitismo a favor de los intereses políticos del Presidente, o se desacredite al Instituto Nacional Electoral -como autoridad que ha detectado vicios terribles en proceso de consulta - para garantizar el éxito en el resultado político deseado por el Presidente López Obrador.
Desde el Partido Acción Nacional confirmamos nuestra disposición para colaborar en el fortalecimiento de la democracia mexicana redefiniendo las prioridades que nos permitan: fortalecer las instituciones electorales; garantizar procesos transparentes y sin manipulaciones orquestadas desde el Gobierno, hoy el único objetivo debe ser fortalecer la democracia de nuestro país, y no fortalecer los intereses de quienes desean perpetuarse en el poder público.
