La noticia de los 322 cuerpos no identificados, amontonados en dos contenedores frigoríficos en Guadalajara, Jalisco, le ha dado la vuelta al mundo. Las imágenes de un empleado del Servicio Médico Forense caminando sobre los cadáveres colocados en bolsas negras dentro del que ha sido llamado el “tráiler de la muerte”, ha causado verdadera indignación en redes sociales por lo sensible del tema.
Alberto Nájar de la BBC califica a los tráilers como la “morgue errante”, y destaca la coincidencia de los analistas que señalan que esta situación es “una consecuencia poco conocida de la ola de violencia que vive el país”.
En la Ciudad de México, el Senado de la República acertó al solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH) la realización de una investigación exhaustiva que permita a la responsable de promover y proteger los derechos humanos determinar las posibles responsabilidades, y hacer las recomendaciones a las que hubiere lugar. Los senadores hicieron extensivo el llamado al presidente Enrique Peña Nieto, para que la Secretaría de Salud lleve a cabo una investigación que le permita determinar las posibles sanciones a los funcionarios que resulten responsables.
El gobernador jalisciense, Jorge Aristóteles Sandoval, actuó luego de que el caso comenzara a difundirse; lo hizo cesando a Luis Octavio Cotero, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), acerca del cual escribe Ricardo Raphael: “Es una trágica injusticia que este funcionario sufra el peso del desprestigio por el caso el tráiler de la muerte”. Y lamenta el autor del libro “Mirreynato”: “Así trata el estado mexicano a sus funcionarios más admirables, sin considerar su biografía, su humanidad, ni su pena”.
Para Cotero los responsables del caso son el exfiscal Rafael Castellanos y Marisela Gómez Cobo. Explicó que “dos años atrás él dio aviso de la saturación de cuerpos al entonces fiscal central”. También pidió a Sandoval Díaz “frenar el espectáculo” de las amenazas de más despidos.
El gobernador jalisciense, quien negó tener conocimiento de lo que pasaba en el IJCF, removió también de su cargo a Ramón Sánchez Jiménez, fiscal general de Jalisco, y anunció la creación de una nueva cámara frigorífica con capacidad para 300 cuerpos.
Lo importante fue que el mandatario reconoció lo que otros gobernantes se han negado a reconocer: que los niveles de inseguridad y la violencia ocasionada por el crimen organizado en Jalisco y otros estados del país ha rebasado a las autoridades e instituciones de México.
El problema no se circunscribe este estado de la República. A comienzos de este año, un diario de circulación nacional informó que son 16 las entidades que se encuentran rebasadas en cuanto a los servicios médicos forenses, con instalaciones antihigiénicas y sin el personal y material suficiente. La nota en cuestión califica al Semefo del país como “obsoleto, viejo, desbordado”.
Ojalá que la nueva administración federal centre sus esfuerzos en la instrumentalización de acciones que contribuyan a disminuir significativamente los índices de criminalidad y violencia. Esto apremia, como también el ocuparse de la prevención y captación de los casos de violencia, así como de la atención a las víctimas que, por razones comprensibles, exigen justicia.
Para que las acciones de gobierno sean efectivas, las instituciones públicas deben ir a la raíz del problema y buscar soluciones a los males que nos aquejan. Me refiero, evidentemente, al desempleo, la pobreza y la desintegración familiar, causantes en buena medida de la inseguridad económica y social que nos afecta. Hay que reconocer que la solución a estos problemas se ha intentado, pero por razones de opacidad y corrupción política no se ha logrado, y por ello estamos tan mal en materia de seguridad pública.
No podemos cruzarnos de brazos y esperar que a partir del 1 de diciembre el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, solucione sin nuestra ayuda los problemas de violencia e inseguridad. Tampoco podemos quedarnos en el terreno de las críticas, dudas e indiferencia en cuando a su proyecto de seguridad. El deber nuestro será apoyar racionalmente todas sus acciones de gobierno, principalmente aquellas que buscan abatir la desigualdad de oportunidades, un problema que ha llevado a muchas personas a buscar compensaciones fuera de la ley.
Recordemos que la búsqueda de seguridad y paz social no es responsabilidad única del presidente de México, sino de todos los mexicanos, quienes debemos aportar nuestro granito de arena para que el futuro nuestro sea distinto, sin tráilers de la muerte, sin morgues saturadas por la ola de violencia, sin sobrepoblación en los centros penitenciarios del país.
Twitter: @armayacastro
