/ viernes 14 de diciembre de 2018

La procuración de justicia: entre los dichos y los hechos


Ernesto Díaz Martínez

El llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal, producto de la reforma constitucional publicada el día 18 de junio del año 2008, al decir de sus promotores era y sigue siendo la respuesta al viejo reclamo de justicia.

No obstante, se trata de un diseño que no sólo comparte, sino que complace a intelectuales y a litigantes poderosos, y que tratándose del adiestramiento para su operación ha promovido más privilegios para unos cuantos favorecidos por su cercanía con gobernantes y burocracias universitarias.

A la fecha, de acuerdo con experiencias y versiones de ofendidos por hechos delictivos y litigantes honestos, el Nuevo Sistema o no cuenta con mecanismos contra la corrupción emperrada en un sinnúmero de agencias de los Ministerios Públicos, o los respectivos poderes ejecutivos no tienen interés en combatir esas malas prácticas.

Por ejemplo, lo que algunos exquisitos llaman falta de cultura de la denuncia, tiene más que ver con el temor de la doble victimización a cargo de funcionarios de las agencias ministeriales, que se manifiesta en su indolencia arrogante o en su amabilidad hipócrita e ineficaz que condena los reclamos de justicia a largas esperas, como para provocar desesperación y obtener el desistimiento o algún ofrecimiento de gratificación de la propia persona ofendida a cambio de que se haga el trabajo de investigación y procuración de justicia en términos de la representación social, del combate a los delitos y a la impunidad.

Las anteriores, por supuesto, no son las únicas formas en las que se practica la corrupción en las agencias del Ministerio Público; hay muchas más, como esa perversidad consistente en dificultar todo asunto donde participen litigantes o personas non gratas a sus gustos e intereses, como esos que les molestan con exigencias y quejas a sus superiores o no participan de mañas corruptas, y que para obstruir su trabajo y sus asuntos los recomiendan de mala manera en otras agencias. Afortunadamente hay que reconocer que no todo está así de mal, también hay funcionarios honorables, aunque lamentablemente sean menos de los que se requieren para revertir la falta de credibilidad granjeada por las viejas y nuevas formas de corrupción y la falta de respeto de los Derechos Humanos.

Al respecto, Jalisco ocupa el deshonroso lugar 26 de los 32 estados de la República tratándose del factor Justicia Penal, dentro del excelente estudio que se denomina Índice de Estado de Derecho en México 2018, realizado por el World Justice Proyect (WJP).

Luego entonces, si a nivel nacional no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado la percepción de los usuarios de los servicios de las fiscalía de justicia, ya que de acuerdo al Índice Global de Impunidad, presentado el día 13 de marzo de éste año, por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), en México 93 de cada 100 delitos no se denuncian y el índice de impunidad promedio nacional aumentó con respecto al año pasado de 67.42 para ubicarse éste año en 69.84.

Lo anterior sólo confirma la íntima relación entre el binomio impunidad y reincidencia, en éste caso con un alto grado de responsabilidad gubernamental en la materia, ya que el Poder Ejecutivo no puede ignorar que muchas de las historias negras de injusticia comienzan por escribirse con la mala actuación de las fiscalías, eso aparte de los múltiples testimonios sobre corrupción en el Poder Judicial tanto local y federal.

En suma, el Sistema de Justicia Penal debe dejar de ser complicado para que sea efectivo a todos; por otro lado, el combate a la corrupción gubernamental debe ir en serio porque ahí está el rostro más cercano de los gobernantes ante su pueblo y a veces el más vil, porque ahí se ve su lado oscuro o real, donde se observa a diario de qué lado están y entonces se les recuerda por lo que prometieron en campaña y lo que se vive cotidianamente al acudir a las oficinas gubernamentales, y eso da para hacer trizas cualquier intento de los malos gobernantes en su pretensión de confundirnos con discursos o con propaganda ya que cada vez son más los gobernados que contrastan sus dichos con sus hechos.


Ernesto Díaz Martínez

El llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal, producto de la reforma constitucional publicada el día 18 de junio del año 2008, al decir de sus promotores era y sigue siendo la respuesta al viejo reclamo de justicia.

No obstante, se trata de un diseño que no sólo comparte, sino que complace a intelectuales y a litigantes poderosos, y que tratándose del adiestramiento para su operación ha promovido más privilegios para unos cuantos favorecidos por su cercanía con gobernantes y burocracias universitarias.

A la fecha, de acuerdo con experiencias y versiones de ofendidos por hechos delictivos y litigantes honestos, el Nuevo Sistema o no cuenta con mecanismos contra la corrupción emperrada en un sinnúmero de agencias de los Ministerios Públicos, o los respectivos poderes ejecutivos no tienen interés en combatir esas malas prácticas.

Por ejemplo, lo que algunos exquisitos llaman falta de cultura de la denuncia, tiene más que ver con el temor de la doble victimización a cargo de funcionarios de las agencias ministeriales, que se manifiesta en su indolencia arrogante o en su amabilidad hipócrita e ineficaz que condena los reclamos de justicia a largas esperas, como para provocar desesperación y obtener el desistimiento o algún ofrecimiento de gratificación de la propia persona ofendida a cambio de que se haga el trabajo de investigación y procuración de justicia en términos de la representación social, del combate a los delitos y a la impunidad.

Las anteriores, por supuesto, no son las únicas formas en las que se practica la corrupción en las agencias del Ministerio Público; hay muchas más, como esa perversidad consistente en dificultar todo asunto donde participen litigantes o personas non gratas a sus gustos e intereses, como esos que les molestan con exigencias y quejas a sus superiores o no participan de mañas corruptas, y que para obstruir su trabajo y sus asuntos los recomiendan de mala manera en otras agencias. Afortunadamente hay que reconocer que no todo está así de mal, también hay funcionarios honorables, aunque lamentablemente sean menos de los que se requieren para revertir la falta de credibilidad granjeada por las viejas y nuevas formas de corrupción y la falta de respeto de los Derechos Humanos.

Al respecto, Jalisco ocupa el deshonroso lugar 26 de los 32 estados de la República tratándose del factor Justicia Penal, dentro del excelente estudio que se denomina Índice de Estado de Derecho en México 2018, realizado por el World Justice Proyect (WJP).

Luego entonces, si a nivel nacional no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado la percepción de los usuarios de los servicios de las fiscalía de justicia, ya que de acuerdo al Índice Global de Impunidad, presentado el día 13 de marzo de éste año, por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), en México 93 de cada 100 delitos no se denuncian y el índice de impunidad promedio nacional aumentó con respecto al año pasado de 67.42 para ubicarse éste año en 69.84.

Lo anterior sólo confirma la íntima relación entre el binomio impunidad y reincidencia, en éste caso con un alto grado de responsabilidad gubernamental en la materia, ya que el Poder Ejecutivo no puede ignorar que muchas de las historias negras de injusticia comienzan por escribirse con la mala actuación de las fiscalías, eso aparte de los múltiples testimonios sobre corrupción en el Poder Judicial tanto local y federal.

En suma, el Sistema de Justicia Penal debe dejar de ser complicado para que sea efectivo a todos; por otro lado, el combate a la corrupción gubernamental debe ir en serio porque ahí está el rostro más cercano de los gobernantes ante su pueblo y a veces el más vil, porque ahí se ve su lado oscuro o real, donde se observa a diario de qué lado están y entonces se les recuerda por lo que prometieron en campaña y lo que se vive cotidianamente al acudir a las oficinas gubernamentales, y eso da para hacer trizas cualquier intento de los malos gobernantes en su pretensión de confundirnos con discursos o con propaganda ya que cada vez son más los gobernados que contrastan sus dichos con sus hechos.