Carlos Mora
Son tiempos electorales e inevitablemente las promesas políticas de todo tipo empiezan a proliferar en la conversación pública. Desde becas, créditos y entregas en especie hasta obras, servicios y proyectos de inversión, esto es lo que vamos a empezar a escuchar todos los días rumbo al 6 de junio. Independientemente de nuestras fobias y filias partidistas, tenemos la responsabilidad de preguntar dos cosas a los candidatos: ¿Quién y cómo se benefician de sus programas y proyectos? y ¿de dónde va salir el dinero?
A la hora de votar por alguien, la ciudadanía tiene el derecho de saber a quién va beneficiar con su proyecto de gobierno. Aquí la respuesta más común que vamos a encontrar es que “gobernaremos para todos”. Esto, además de erróneo, no podría estar más lejos de la realidad. Es erróneo en tanto que la función principal del gobierno es construir las condiciones de igualdad necesarias para que cada quien alcance su bienestar subjetivo, sin limitantes de etnia, raza, origen socioeconómico, género o discapacidad. Es deber del gobierno electo reconocer estas desigualdades y trabajar para asegurar un piso parejo. Y es una visión alejada de la realidad porque los recursos públicos son limitados; pretender proveer bienes y servicios a toda la población sin algún criterio es, además de imposible, regresivo y poco eficiente.
Adicional a los bienes públicos, los políticos tienen la capacidad de crear bienes “privados” con el fin de beneficiar al grupo que lo puso en el poder. Estos, a diferencia de los delitos de corrupción, pueden presentarse en formas totalmente legales. El más claro ejemplo de esto son la condonación de impuestos, o subsidios sin ningún sentido económico, pero también hay casos donde programas sociales son capturados por las élites locales a costa del bienestar social. Por esto es necesario cuestionar a los candidatos sobre sus compromisos con la transparencia y sus planes para crear un gobierno abierto que trabaje de la mano de expertos, empresas y la ciudadanía en general.
También es importante preguntar sobre el tipo de gasto en que se incurrirá, si esto afectará alguno de los programas o servicios con los que actualmente se cuenta y, más importante, si esto implicaría algún esfuerzo recaudatorio. Como es bien sabido, pocos municipios recaudan impuestos debido a la alta dependencia a las transferencias federales y estatales. Esto es cómodo para los gobiernos municipales pues no incurren en el costo político de recaudar y pueden seguir gastando discrecionalmente. Hay que recordar que recaudar implica comprometerse a entregar algo a cambio. Si no existe la confianza por parte de la ciudadanía de que sus impuestos se van a convertir en algún bien público, cualquier esfuerzo recaudatorio se verá frustrado. Esto empeora si a nivel local no existen los contrapesos democráticos o el capital social necesario para evidenciar los excesos del gobierno.
Es por esto que es necesario bajar a los políticos de sus discursos vacíos y sus contenidos banales para redes, para que hagan un diagnóstico integral de los problemas por resolver e identifiquen la población que atenderán, así como las acciones a favor de grupos históricamente vulnerados. Es importante demandar que el gobierno funcione para quienes necesitan que lo haga correctamente; que cree condiciones para que cada miembro de la comunidad se sienta parte de la misma y, derivado de esto, pueda alcanzar su bienestar subjetivo.
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