/ lunes 27 de junio de 2022

La marea verde: entre olas y contraolas

En 1973 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió una sentencia a nivel federal que reconocía y protegía el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos. En esos mismos años, el movimiento de mujeres en México llevaba a cabo las primeras conferencias públicas sobre el aborto, no sin pocas confrontaciones incluso en la misma izquierda mexicana pues los compañeros varones de estas mujeres no recibían bien la propuesta de despenalizarlo.

Hace décadas que en Estados Unidos el ala política más conservadora intenta revertir este derecho que hasta la fecha había estado blindado en todo el país. Donald Trump en campaña prometió nombrar nuevos jueces para la Suprema Corte que pudieran dar marcha atrás al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres, promesa que, además, refrendó durante su mandato pues mostró su adscripción al movimiento “pro vida”, incluso asistiendo a las marchas que llevan el mismo nombre y se realizan de manera anual desde el fallo de la Corte en 1973 para demostrar el desacuerdo con la práctica y la legalidad del aborto.

En enero de 2020 mientras Trump asistía a la última de estas marchas como presidente, en México el panorama estaba cambiando, pues unos pocos meses antes Oaxaca había logrado despenalizar el aborto después de una larga espera de 12 años, convirtiéndose en la segunda entidad después de Ciudad de México.

El pasado viernes 24 de junio, en el país del norte la Suprema Corte emitió un fallo que derogó el derecho al aborto. La votación fue de 6 a 3, y 3 de esos 6 votos fueron de jueces que designó Trump. Se espera que al menos 26 de los estados en el país se sumen al fallo de la Corte. La sentencia de 1973 que protegía el derecho a decidir de las mujeres estadounidenses era de aplicación nacional, y lo que ocurrirá ahora es que cada estado va a determinar las leyes relacionadas al aborto, incluida la criminalización y persecución ya que ahora no existe ninguna garantía de aplicación mayor sino que el reconocimiento y protección de este derecho ahora depende de cada estado, o lo que es lo mismo, se encuentra a expensas de la voluntad de las y los representantes en turno de cada entidad.

En septiembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayor autoridad legal de México, emitió una serie de resoluciones en torno a su despenalización. A la fecha, ya suman 10 entidades que reconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos: Ciudad de México en 2007; Oaxaca en 2019; Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima en 2021; y Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur en lo que va de este 2022.

Hay una ola verde que está ganando terreno en México y de forma contraria, una contra ola que suma fuerza en Estados Unidos. Lo que debemos reflexionar ante este escenario, es justamente la confirmación de que en pleno a esta alturas de la humanidad, los derechos humanos de las mujeres todavía penden de un hilo y pueden ser revertidos si alguien en una posición de poder pone por delante sus valores morales o espirituales. Y aunque hay quienes aún no lo entiendan, la legalización no promueve las interrupciones sino que busca garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y hacerlo en condiciones dignas y salubres. El lema es claro y conciso: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

En 1973 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió una sentencia a nivel federal que reconocía y protegía el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos. En esos mismos años, el movimiento de mujeres en México llevaba a cabo las primeras conferencias públicas sobre el aborto, no sin pocas confrontaciones incluso en la misma izquierda mexicana pues los compañeros varones de estas mujeres no recibían bien la propuesta de despenalizarlo.

Hace décadas que en Estados Unidos el ala política más conservadora intenta revertir este derecho que hasta la fecha había estado blindado en todo el país. Donald Trump en campaña prometió nombrar nuevos jueces para la Suprema Corte que pudieran dar marcha atrás al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres, promesa que, además, refrendó durante su mandato pues mostró su adscripción al movimiento “pro vida”, incluso asistiendo a las marchas que llevan el mismo nombre y se realizan de manera anual desde el fallo de la Corte en 1973 para demostrar el desacuerdo con la práctica y la legalidad del aborto.

En enero de 2020 mientras Trump asistía a la última de estas marchas como presidente, en México el panorama estaba cambiando, pues unos pocos meses antes Oaxaca había logrado despenalizar el aborto después de una larga espera de 12 años, convirtiéndose en la segunda entidad después de Ciudad de México.

El pasado viernes 24 de junio, en el país del norte la Suprema Corte emitió un fallo que derogó el derecho al aborto. La votación fue de 6 a 3, y 3 de esos 6 votos fueron de jueces que designó Trump. Se espera que al menos 26 de los estados en el país se sumen al fallo de la Corte. La sentencia de 1973 que protegía el derecho a decidir de las mujeres estadounidenses era de aplicación nacional, y lo que ocurrirá ahora es que cada estado va a determinar las leyes relacionadas al aborto, incluida la criminalización y persecución ya que ahora no existe ninguna garantía de aplicación mayor sino que el reconocimiento y protección de este derecho ahora depende de cada estado, o lo que es lo mismo, se encuentra a expensas de la voluntad de las y los representantes en turno de cada entidad.

En septiembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayor autoridad legal de México, emitió una serie de resoluciones en torno a su despenalización. A la fecha, ya suman 10 entidades que reconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos: Ciudad de México en 2007; Oaxaca en 2019; Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima en 2021; y Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur en lo que va de este 2022.

Hay una ola verde que está ganando terreno en México y de forma contraria, una contra ola que suma fuerza en Estados Unidos. Lo que debemos reflexionar ante este escenario, es justamente la confirmación de que en pleno a esta alturas de la humanidad, los derechos humanos de las mujeres todavía penden de un hilo y pueden ser revertidos si alguien en una posición de poder pone por delante sus valores morales o espirituales. Y aunque hay quienes aún no lo entiendan, la legalización no promueve las interrupciones sino que busca garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y hacerlo en condiciones dignas y salubres. El lema es claro y conciso: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.