Cuando se dio el primer cambio de partido en los gobiernos de los estados, surgió el dilema sobre si las instituciones que realizaban entonces acciones de inteligencia, estarían dispuestas a compartir información con los ejecutivos de los estados de la República, específicamente con los gobernadores, surgidos de otros partidos diferentes al del presidente en turno; sobre si dependencias como Marina, Defensa Nacional, Procuraduría de la República o Gobernación, que obedecen al presidente, tendrían autorización para compartir información y qué tipo de información. Emergía la incertidumbre acerca de qué información tenían de cada estado, datos políticos, incluso sobre el comportamiento o desempeño del mismo gobernador o sobre grupos delictivos, guerrilleros, opositores, información útil para gobernar, pero también para que luzca como buen gobernante, el presidente o el gobernador, ése era el dilema. Conforme evolucionó la democracia, llegó a la Presidencia también otro partido y nuevamente el dilema fue: los órganos que realizan tareas de inteligencia, para quién han de realizarla y con quién van a compartirla. Vicente Fox planteó desaparecer el CISEN, suponiendo que le espiaban a él y a los panistas, luego Enrique Peña Nieto intentó revivirla, pero siguieron dando tumbos en el qué investigar y qué informar, qué producto final se pretendería obtener y cómo utilizar esa información. Siendo una herramienta fundamental para las políticas de prevención, era indispensable precisar o al menos tener idea clara de que producto se pretende obtener, información de comportamiento de factores altamente peligrosos delincuenciales, movimientos políticos o guerrilleros, la guerra de Chiapas del movimiento zapatista, en ese esquema pudo haberse detenido o al menos prever escenarios para evitar sus consecuencias o disminuir su impacto, los 43 desaparecidos, los 70 asesinados en San Fernando Tamaulipas, los abusos de jóvenes gobernadores se habrían detectado a tiempo, si no estuviesen más ocupados los servicios de inteligencia en conocer quién se acostaba con quién o quiénes eran lesbianas u homosexuales, qué grupos políticos y relaciones se daba en la oposición y saber qué hacían o qué pensaban hacer, más que un esquema profesional y técnico de prevención de posibles escenarios que impactan el ejercicio del Gobierno y su gobernabilidad, muchas de las consecuencias hoy manifiestas pudieron prevenirse.
Si seguimos siendo un país subdesarrollado, con nivel de cultura educativo de primaria, donde el promedio de lectura es tan bajo, que seguimos siendo analfabetas cuando la gran mayoría de los mexicanos no leen más allá – y con trabajos los nombres de las calles – resulta más difícil pedir a los gobernantes que tengan sensibilidad y consciencia de la importancia de la inteligencia en un Gobierno. Es claro que debe haber inteligencia en el Gobierno, pero ha llegado el momento de crear inteligencia institucional, profesional, imparcial, central, definida y custodiada por un órgano ajeno a los vaivenes de partidos políticos y procedencia de los presidentes de la República, secreta y fiel institucionalmente, con profesionales que sepan distinguir y privilegien la investigación de impacto en la gobernabilidad. Consideremos que ya es conveniente crear un órgano autónomo con personal capacitado e institucional, ajeno a intereses partidistas, económicos, políticos o de cualquier tipo que privilegien a México, al país, a la Patria, ésa es una decisión que sólo puede tomar quien verdaderamente sepa del tema y que ame a México.
