Hace algunos días, Zona Docs publicó una investigación especial sobre la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara. En el reportaje se habla sobre la financiarización de la vivienda, un grave problema si de vivienda digna y accesibilidad a la misma hablamos, pues en su lugar, lo que queda al centro es la especulación financiera.
Esta financiarización de la que se habla, consiste en que los desarrollos inmobiliarios (en este caso mayormente verticales) funcionan como una inversión especulativa, es decir, son adquiridos pensando en obtener una ventaja económica posterior. O en otras palabras: estos inmuebles están siendo comprados pero no habitados, lo que ocasiona un incremento en los precios tanto para comprar como para rentar, y por si fuera poco, también el encarecimiento general de la vida en ciertos espacios de la ciudad.
Como resultado de estos aumentos de precios y la reconfiguración de servicios y comercios en lugares concretos, podemos observar una tendencia ligada a la expulsión de población por lo “inviable e insostenible de vivir alrededor de estos elefantes blancos”. Por otro lado, en las afueras del AMG, se ofertan rentas más accesibles pero que debido a la centralización y desconexión de los servicios urbanos (incluyendo el transporte público), detona otras problemáticas como grandes tiempos de traslado y altos niveles de inseguridad.
Actualmente, para este año los precios en el centro de la ciudad superan el 100% del salario promedio, cuando según estudios, la vivienda para ser accesible no debería representar más del 30% del salario de las personas. Este escenario resulta más catastrófico porque se erigen edificios en zonas que no son idóneas para ese tipo de construcciones ni la densidad poblacional que sugieren, lo que trae como consecuencia servicios insuficientes y de mala calidad e incluso riesgos ambientales, sociales y urbanos.Por si fuera poco, desde hace más de una década que operan distintos modelos de corrupción en la ciudad que han permitido a las inmobiliaris violar la planeación urbana y construir de manera desordenada, inadecuada e irresponsable.
Después de un amplio análisis expuesto en la investigación, se sostiene (y estoy de acuerdo) que es urgente la intervención estatal y hacer efectivos mecanismos legales de protección, tales como apoyo a vivienda social y leyes de vivienda más estrictas, como garantizar un porcentaje de vivienda accesible (de bajo costo pero no de baja calidad), regulación de precios o un impuesto a las viviendas vacías.
Es impostergable confrontar la voracidad inmobiliaria que ha configurado problemáticas de desigualdad, exclusión, segregación y degradación de la calidad ambiental y de vida urbana. Necesitamos dejar de construir ciudades pensadas para la inversión y tenemos que empezar a construir ciudades para la gente, que sean habitables, disfrutables y vivibles. Hoy más que nunca, en un escenario de profunda desigualdad y violencia estructural, es importante garantizar los derechos de las personas, sobre todo esos ligados con la materialidad del día a día, incluido por supuesto, el de la vivienda digna.
* Vicepresidenta de Hagamos
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