Es válido amigo lector que, aborde aunque sea brevemente un tema que, para mí es causa de dolor y no cesa, pues el pasado día nueve de julio, mi hijita cumplió tres años desaparecida sin que las autoridades, así como en el resto de casos de personas desaparecidas, o casos por muertes violentas, etc. etc. se hayan dado a la tarea de mover un solo dedo para localizar a cada una de las personas desaparecidas y/o a los responsables, pues es bien sabido por cada una de las víctimas que, nuestras autoridades no tienen siquiera la intención de intentar investigar, menos aún hacer lo propio para prevenir la criminalidad tan atroz que vive nuestro país y en particular nuestro estado, pues ocupa el nada honroso primer lugar en feminicidios.
Lo que sí vemos en el caso de Jalisco, es una constante actividad en la tramitología, respecto a los delitos patrimoniales, asuntos en los que, tanto los ministerios públicos como los jueces, han encontrado la mayor rentabilidad en su trabajo, con esa facilidad que, actualmente les permite la ley con este nuevo sistema de justicia, pues al tratarse de delitos no violentos, son sujetos de mercado para el mejor postor, bien para el ofendido, bien para el denunciado y en ocasiones para ambas partes. Se volvió común, el aseguramiento de bienes inmuebles, bienes muebles o cuentas bancarias por citar sólo algunos ejemplos, aún cuando aquellos no tienen relación con los hechos que se denunciaron, pero que para el derecho habiente o propietario, son de utilidad en su día a día, dado que le son indispensables para lograr subsistir.
Todo lo expresado con antelación, no conlleva descubrir el hilo negro, pues todos en este país, en lo personal, en lo familiar, a través de los amigos, de compañeros de trabajo, aún derivado de expresiones de desconocidos, nos enterado de la comisión de un ilícito, bien por robo, por extorsión, por asalto, por desaparición forzada, por secuestro, por fraude, etc. pero todos ellos gravosos al fin y al cabo. Lo anterior lo expreso para ejemplificar que, si bien no todos hemos sido víctima de la delincuencia, lo que sí tenemos claro es que, actualmente no hay lugar seguro en el que tengamos garantizada la vida o la seguridad jurídica de nuestro patrimonio que, del derecho a la salud mejor ni hablar, pues es un tema que, al menos para nuestras autoridades ya quedó en el olvido, pues para ejemplo basta recordar el caso de los padres de familia que en la presente administración, han tenido que, padecer no sólo el cáncer que aqueja a sus hijos, sino la negativa del gobierno de proveerles los medicamentos necesarios y suficientes. Todo lo anterior obedece a la indiferencia del poder ejecutivo federal y estatal, quienes dispendian el erario público en su campañas re electoreras.
Es inconcebible que, en nuestro país, 628 legisladores integran el circo de la unión, perdón el Congreso de la Unión, ese que dicho sea de paso, nos cuesta muy caro mantenerlo, pues el salario que reciben, no lo devengan. De ese total, 128 son legisladores más todos los asesores para cada uno de ellos que, por lo menos serán diez por cada uno, quienes además son los responsables de llamar a cuentas y someter a la ley a los titulares de los poderes ejecutivo, federal, así como al estatal y que, por intereses ajenos al interés común, han permitido que tanto el país, como los estados vayan en caída libre, directo al fango.
No debemos pasar por alto que la Constitución Política de este país, ha sido tan reformada por la presente administración con el más absoluto cinismo y en total impunidad, pues los ejecutivos tienen la responsabilidad y el deber de otorgarnos la seguridad, de garantizarnos la salud, así como el resto de derechos enlistados en nuestra carta magna, pero que, si no se nos garantiza al menos la seguridad y la salud, al ser primordiales en la vida de toda sociedad, el resto será un fracaso.
Es urgente levantar la cara y liberarnos del sometimiento de los criminales, tanto de los oficiales como de los no oficiales, estos últimos rebasaron desde hace mucho la capacidad de nuestras autoridades y nuestros gobernantes, sin que los gobiernos demuestren oposición al respecto, pues claro nos quedó ya que, en el caso de Jalisco los abrazos y no balazos de nada sirvieron.
- Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.
