/ domingo 27 de diciembre de 2020

La fiscalía anticorrupción después de dos años

Amigo lector, es motivo de gran algarabía para la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco que, durante los dos años que tiene establecida, nos ha costado a los jaliscienses más de ciento veinte millones de pesos, no obstante que, al día de hoy no tiene una sola sentencia condenatoria.

Varios han sido los capos que asaltaron a nuestro estado, como por ejemplo, Antonio Cruz Esmada situado en la Secretaría de Salud; Salvador Rizo Castelo y Miguel Castro Reynoso, quienes se desempeñaron en la Secretaría de Desarrollo Social e Integración Social y si bien es cierto que, el humildito Miguel Castro Reynoso, quien ya pisó la cárcel, alega su inocencia, también es cierto que al día de hoy, no se ha definido, a través de una resolución si, es inocente o culpable.

Ni qué decir de los diputados locales y los integrantes del consejo de la caricatura o de la Judicatura, pues hay que recordar que, son los mismos que están denunciados penalmente por cometer un delito sancionado por el Código Penal del Estado de Jalisco, en él que incurren los diputados al designar cargos, sin que los elegidos reúnan los requisitos establecidos en la ley y los consejeros quienes ahora son los capataces de los jueces, a quienes mueven a diestra y siniestra sin respetar la ley, pero sobre todo, la responsabilidad penal que les resulta a quienes desempeñan un cargo, a sabiendas de que no reúnen los requisitos establecidos por la propia ley, lo que también lo sanciona el Código Penal estatal, inclusive hasta con pena corporal.

Esté usted tranquilo amigo lector por el desempeño de esta institución, la misma que ha resultado un fiasco en términos generales, la que al día de hoy sólo puede presumir que ya ejercitó acción penal en contra de un colaborador de la época en la que yo fui director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como en mi contra, dicho sea de paso, por un delito que jamás cometimos y el que, ha decir del Fiscal Anticorrupción, deriva de un hecho llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado, allá por el mes de septiembre del año dos mil dieciocho, quien transportó unos cadáveres en una cámara refrigeradora y supuestamente resultó en un trato indigno, hecho en el que desde luego ni el responsable del área de medicina forense, ni el colaborador de aquella época ni el de la voz, tuvimos algo qué ver, porque el único responsable de los cadáveres es, el personal de la Fiscalía del Estado, toda vez que, esa institución de manera exclusiva, tiene la total responsabilidad jurídica de los cuerpos que por alguna razón legal, llegaron en ese entonces al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lugar en el que solamente se emiten dictámenes periciales, según lo solicite la autoridad ministerial.

Debe usted saber además que, no obstante que en las actuaciones que integran la carpeta de investigación, existe documental, mediante la cual el Fiscal de aquel entonces, acepta y reconoce que, la Fiscalía es la única institución responsable de los cadáveres; sin embargo, el Fiscal Anticorrupción, no obstante que está faltando a la verdad, está empeñado en mostrar su talento de investigador, de tal suerte que, la carpeta en la que se nos responsabiliza jurídicamente del delito de abuso de autoridad, ya fue judicializada y pronto estaré a disposición de un juez de control.

Lo dudo mucho que, así sea como se va a suscitar, pero quiero pensar que, el juez de control a quien le corresponderá conocer de la carpeta de investigación radicada en mi contra, no resolverá por consigna, sino acorde a lo que establece la ley, derivado de lo que obra en actuaciones, aunado a lo que harán valer las partes, pero cierto es que los consejeros no son de fiar y sí pueden resolver el asunto por consigna, así como lo han hecho en diversos asuntos como por ejemplo, el de Sello Rojo y Sulfato El Águila.

Habrá qué esperar para saber si, el juez de control me vinculará a proceso, no obstante las constancias a las que ya me referí con antelación y si además, me ordenará prisión preventiva hasta que no se resuelva tremendo caso en el que nada tengo que ver jurídicamente.

Amigo lector, disculpe el temor que usted pudiera percibir por expresarme de la manera en que lo hago, pues cierto es que, mi expresión no suele agradar a nuestras autoridades, expresiones semanales, las cuales jamás se han atrevido a desmentir, pues la ineptitud, la deshonestidad, la incapacidad, la ignorancia y el cinismo con que se desempeñan es más que evidente.

* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de UdeG.

Amigo lector, es motivo de gran algarabía para la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco que, durante los dos años que tiene establecida, nos ha costado a los jaliscienses más de ciento veinte millones de pesos, no obstante que, al día de hoy no tiene una sola sentencia condenatoria.

Varios han sido los capos que asaltaron a nuestro estado, como por ejemplo, Antonio Cruz Esmada situado en la Secretaría de Salud; Salvador Rizo Castelo y Miguel Castro Reynoso, quienes se desempeñaron en la Secretaría de Desarrollo Social e Integración Social y si bien es cierto que, el humildito Miguel Castro Reynoso, quien ya pisó la cárcel, alega su inocencia, también es cierto que al día de hoy, no se ha definido, a través de una resolución si, es inocente o culpable.

Ni qué decir de los diputados locales y los integrantes del consejo de la caricatura o de la Judicatura, pues hay que recordar que, son los mismos que están denunciados penalmente por cometer un delito sancionado por el Código Penal del Estado de Jalisco, en él que incurren los diputados al designar cargos, sin que los elegidos reúnan los requisitos establecidos en la ley y los consejeros quienes ahora son los capataces de los jueces, a quienes mueven a diestra y siniestra sin respetar la ley, pero sobre todo, la responsabilidad penal que les resulta a quienes desempeñan un cargo, a sabiendas de que no reúnen los requisitos establecidos por la propia ley, lo que también lo sanciona el Código Penal estatal, inclusive hasta con pena corporal.

Esté usted tranquilo amigo lector por el desempeño de esta institución, la misma que ha resultado un fiasco en términos generales, la que al día de hoy sólo puede presumir que ya ejercitó acción penal en contra de un colaborador de la época en la que yo fui director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como en mi contra, dicho sea de paso, por un delito que jamás cometimos y el que, ha decir del Fiscal Anticorrupción, deriva de un hecho llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado, allá por el mes de septiembre del año dos mil dieciocho, quien transportó unos cadáveres en una cámara refrigeradora y supuestamente resultó en un trato indigno, hecho en el que desde luego ni el responsable del área de medicina forense, ni el colaborador de aquella época ni el de la voz, tuvimos algo qué ver, porque el único responsable de los cadáveres es, el personal de la Fiscalía del Estado, toda vez que, esa institución de manera exclusiva, tiene la total responsabilidad jurídica de los cuerpos que por alguna razón legal, llegaron en ese entonces al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lugar en el que solamente se emiten dictámenes periciales, según lo solicite la autoridad ministerial.

Debe usted saber además que, no obstante que en las actuaciones que integran la carpeta de investigación, existe documental, mediante la cual el Fiscal de aquel entonces, acepta y reconoce que, la Fiscalía es la única institución responsable de los cadáveres; sin embargo, el Fiscal Anticorrupción, no obstante que está faltando a la verdad, está empeñado en mostrar su talento de investigador, de tal suerte que, la carpeta en la que se nos responsabiliza jurídicamente del delito de abuso de autoridad, ya fue judicializada y pronto estaré a disposición de un juez de control.

Lo dudo mucho que, así sea como se va a suscitar, pero quiero pensar que, el juez de control a quien le corresponderá conocer de la carpeta de investigación radicada en mi contra, no resolverá por consigna, sino acorde a lo que establece la ley, derivado de lo que obra en actuaciones, aunado a lo que harán valer las partes, pero cierto es que los consejeros no son de fiar y sí pueden resolver el asunto por consigna, así como lo han hecho en diversos asuntos como por ejemplo, el de Sello Rojo y Sulfato El Águila.

Habrá qué esperar para saber si, el juez de control me vinculará a proceso, no obstante las constancias a las que ya me referí con antelación y si además, me ordenará prisión preventiva hasta que no se resuelva tremendo caso en el que nada tengo que ver jurídicamente.

Amigo lector, disculpe el temor que usted pudiera percibir por expresarme de la manera en que lo hago, pues cierto es que, mi expresión no suele agradar a nuestras autoridades, expresiones semanales, las cuales jamás se han atrevido a desmentir, pues la ineptitud, la deshonestidad, la incapacidad, la ignorancia y el cinismo con que se desempeñan es más que evidente.

* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de UdeG.