Enrique Velázquez
En Jalisco las cifras más escalofriantes son las relacionadas con la violencia contra la mujer. Los datos muestran que siete de cada 10 jaliscienses mayores a 15 años han sufrido algún tipo de violencia, que todos los días nueve mujeres pierden la vida en actos perpetrados por hombres, en la mayoría sus parejas sentimentales, y que nuestro estado se encuentra en tercer lugar a nivel nacional en incidencia de violencia contra las mujeres. Sin embargo, esto no es todo. Las cifras en materia de desigualdad laboral, salarial, rezago educativo y horas dedicadas a trabajos no remunerados son también lamentables, las mujeres se sitúan en desventaja.
A pesar de los esfuerzos institucionales en Jalisco y México para adoptar las medidas que exigen las convenciones y tratados internacionales a los que nuestro país se ha suscrito en la lucha por erradicar la violencia y discriminación contra la mujer, los resultados no han sido satisfactorios. La creación del Instituto Nacional de las Mujeres y posteriormente de los institutos estatales tuvo como objetivo responder a estas medidas -garantizar el respeto a los Derechos Humanos de la mujer, visibilizar la discriminación por sexo y la eliminación de la violencia en su contra-.
El Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) a 18 años de su creación sin duda se convirtió en una institución de confianza, en donde las mujeres solicitaban información y ayuda en casos de violencia y/o discriminación. No obstante, los pasos que desde ahí se dieron para consolidar la política pública de género en nuestro estado fueron muy pocos debido a que el 82% de su presupuesto era destinado a gastos administrativos y la operación y aplicación de las estrategias estaba sujeta a la gestión de recursos federales o internacionales.
La desaparición del IJM no significa retroceso, no significa que dejarán de existir políticas públicas ni que se incumplirá con la responsabilidad que el Estado tiene para garantizar y salvaguardar la integridad de las ciudadanas jaliscienses en todos los ámbitos donde se desenvuelven, al contrario, al elevarlo a un rango de Secretaría las funciones se fortalecen teniendo mayor capacidad presupuestal, de atención y de incidencia directa sobre las políticas públicas en favor de las mujeres.
Hoy se buscan hacer cambios profundos, cambios que de verdad signifiquen mejorar la calidad de vida de las niñas y mujeres de nuestro estado. Coincidir en las formas de llevarlos a cabo es imposible, pero lo que sí es posible es el diálogo, el debate y los acuerdos que ayuden a alcanzar la meta que todos queremos: cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y erradicar la violencia y discriminación contra ellas.
