Luis Octavio Cotero Bernal

  / domingo 24 de febrero de 2019

La corrupción sin huella

Aún es innegable y muy lamentable la existencia de la presencia de la corrupción en todo su esplendor, -prácticamente en todos los ámbitos del Gobierno- pero en especial ahora quiero referirme a la que hay dentro del Poder Judicial del Estado, -que la del Ejecutivo es aparte- pues todo mundo la padece y según decir del presidente del Tribunal, por falta de pruebas es que no se sanciona, porque nuestro Estado de derecho así lo exige.

La corrupción se da por hacer o no hacer, tolerar y permitir o simplemente por la dilación en la actuación jurisdiccional que es la más constante, hasta que el justiciable no tiene más alternativa que acercarse a aquel funcionario, en las condiciones más encubiertas, -porque estultamente el Código Penal del Estado, lo sanciona igual que al corrupto que la provoca y nadie quiere que le corten la mano por vérsela cortar a otro-, para poder entregar aquello que el corrompido solicita, luego entonces, momentáneamente, se agiliza la actuación jurisdiccional, ya sea para que se haga una notificación, se provea una promoción, se señale una fecha, se realice una diligencia, tenga verificativo una audiencia, etcétera, etcétera, todo lo cual, en muchos de los casos, es generado desde el de mayor jerarquía hasta del de menor y usualmente en la totalidad de los órganos jurisdiccionales, basta con imponernos de los juicios que ahí se tramitan para darnos cuenta de lo que aquí refiero.

Ahora bien, al margen de la que indico en supra líneas, también se da el caso de algunos jueces que son obligados por algún consejero a darle una cuota según la importancia de sus asuntos que se tramitan en su adscripción, de igual forma algunos magistrados que es tal su deshonestidad que no tan sólo propician la corrupción en los asuntos, al exigirles a sus subordinados encaminar o resolver en determinado sentido, sino que hasta a sus auxiliares les exigen parte de su salario o de lo contrario los despiden, por lo que éstos funcionarios prefieren callar o mejor dicho, prefieren algo a nada, ante la crisis de oportunidades, lo que desde luego va en detrimento de todos los ciudadanos e inclusive de funcionarios subalternos o de menor jerarquía, por ser forzados a entregar lo que legalmente han ganado por el desempeño de su función, lo que al igual, esto perjudica a todos aquellos que en busca de justicia, acuden ante un tribunal.

No es suficiente el solamente decir que no concurren las pruebas para demostrar la corrupción de algunas o algunos funcionarios del Poder Judicial y, por tanto establecer que no existen huellas de tales hechos, pues bastaría que con tantitas ganas, iniciativa y creatividad, empezar a investigar a todos y cada uno de los jueces, magistrados y secretarios, sobre su origen económico, en comparación con el actual estatus, así como con el presente modo de vida que disfrutan, para darse cuenta que es indiscutible -en muchos de ellos- que con la medianía del salario, -que en el caso de los magistrados ya nada tiene de medianía- no coincide con los bienes que tienen y la vida que llevan, de tal suerte que resulta más que evidente la conducta deshonesta y corrupta con que se han conducido detentando el cargo más noble de todos, que es el de juzgar a sus semejantes, ya que me parece que esta es sublime, considerada de los dioses, por ser inequívocos.

Por lo anterior me parece necesario que los titulares de los poderes, mediante las instituciones de contraloría y transparencia se dieran a la tarea de realizar investigaciones a la brevedad posible a todos y cada uno de los funcionarios públicos, de forma aleatoria, que seguro estoy, de mucho servirá el que ya se sientan observados en su modo de vivir y de poseer, por encima de lo que el salario legítimo les permite alcanzar.

A los compañeros de profesión los convoco a que nos solidaricemos en una campaña que restituya la imagen Poder Judicial y la del abogado y así se restablezca el orden jurídico que nos de la convivencia armoniosa y la tranquilidad necesaria.


* Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.


locb15@hotmail.com

Aún es innegable y muy lamentable la existencia de la presencia de la corrupción en todo su esplendor, -prácticamente en todos los ámbitos del Gobierno- pero en especial ahora quiero referirme a la que hay dentro del Poder Judicial del Estado, -que la del Ejecutivo es aparte- pues todo mundo la padece y según decir del presidente del Tribunal, por falta de pruebas es que no se sanciona, porque nuestro Estado de derecho así lo exige.

La corrupción se da por hacer o no hacer, tolerar y permitir o simplemente por la dilación en la actuación jurisdiccional que es la más constante, hasta que el justiciable no tiene más alternativa que acercarse a aquel funcionario, en las condiciones más encubiertas, -porque estultamente el Código Penal del Estado, lo sanciona igual que al corrupto que la provoca y nadie quiere que le corten la mano por vérsela cortar a otro-, para poder entregar aquello que el corrompido solicita, luego entonces, momentáneamente, se agiliza la actuación jurisdiccional, ya sea para que se haga una notificación, se provea una promoción, se señale una fecha, se realice una diligencia, tenga verificativo una audiencia, etcétera, etcétera, todo lo cual, en muchos de los casos, es generado desde el de mayor jerarquía hasta del de menor y usualmente en la totalidad de los órganos jurisdiccionales, basta con imponernos de los juicios que ahí se tramitan para darnos cuenta de lo que aquí refiero.

Ahora bien, al margen de la que indico en supra líneas, también se da el caso de algunos jueces que son obligados por algún consejero a darle una cuota según la importancia de sus asuntos que se tramitan en su adscripción, de igual forma algunos magistrados que es tal su deshonestidad que no tan sólo propician la corrupción en los asuntos, al exigirles a sus subordinados encaminar o resolver en determinado sentido, sino que hasta a sus auxiliares les exigen parte de su salario o de lo contrario los despiden, por lo que éstos funcionarios prefieren callar o mejor dicho, prefieren algo a nada, ante la crisis de oportunidades, lo que desde luego va en detrimento de todos los ciudadanos e inclusive de funcionarios subalternos o de menor jerarquía, por ser forzados a entregar lo que legalmente han ganado por el desempeño de su función, lo que al igual, esto perjudica a todos aquellos que en busca de justicia, acuden ante un tribunal.

No es suficiente el solamente decir que no concurren las pruebas para demostrar la corrupción de algunas o algunos funcionarios del Poder Judicial y, por tanto establecer que no existen huellas de tales hechos, pues bastaría que con tantitas ganas, iniciativa y creatividad, empezar a investigar a todos y cada uno de los jueces, magistrados y secretarios, sobre su origen económico, en comparación con el actual estatus, así como con el presente modo de vida que disfrutan, para darse cuenta que es indiscutible -en muchos de ellos- que con la medianía del salario, -que en el caso de los magistrados ya nada tiene de medianía- no coincide con los bienes que tienen y la vida que llevan, de tal suerte que resulta más que evidente la conducta deshonesta y corrupta con que se han conducido detentando el cargo más noble de todos, que es el de juzgar a sus semejantes, ya que me parece que esta es sublime, considerada de los dioses, por ser inequívocos.

Por lo anterior me parece necesario que los titulares de los poderes, mediante las instituciones de contraloría y transparencia se dieran a la tarea de realizar investigaciones a la brevedad posible a todos y cada uno de los funcionarios públicos, de forma aleatoria, que seguro estoy, de mucho servirá el que ya se sientan observados en su modo de vivir y de poseer, por encima de lo que el salario legítimo les permite alcanzar.

A los compañeros de profesión los convoco a que nos solidaricemos en una campaña que restituya la imagen Poder Judicial y la del abogado y así se restablezca el orden jurídico que nos de la convivencia armoniosa y la tranquilidad necesaria.


* Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.


locb15@hotmail.com

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