Sin entrar al marco legal y sin ser pretender establecer en esta columna sobre las disposiciones que regulan el actuar y objeto de intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todos sabemos y entendemos que su función primordial, entre otras cosas igual de importantes, es precisamente la de proteger y observar los Derechos Humanos de la población en general y de los grupos sociales más vulnerables, así como el de promover, estudiar y divulgar la cultura de los mismos derechos, luego entonces, quien preside tal Comisión debe ser una persona con ciertas particularidades para que vele por tales derechos, sobre intereses diversos, debiéndose ante todo sobreponer ante cualquier situación de autoridad en que se vean vulnerados a efecto de que se resarzan inmediatamente y sea una eficaz realidad el respeto aludido, de tal suerte que se justificaría plenamente la existencia de dicha Comisión.
Ahora bien, el actual presidente carece de las cualidades necesarias para presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, toda vez que lejos de estar comprometido con la protección de los Derechos Humanos, pareciera que está más dedicado con solapar ciertas actitudes de autoridad que sistemáticamente han violado múltiples derechos salvaguardados por nuestro Pacto Federal, Estatal y convenciones suscritos por el Estado mexicano, por lo que insisto carece del carácter necesario para ocupar tal puesto.
Ya que al igual que el presidente inmediato anterior, que por diez años dilapidó el erario público, complaciéndose en su vanidad y en sus aspiraciones personales económicas y políticas, así como previniendo la colocación de familiares y amigos en distintos espacios de la administración estatal y federal, como fue en la delegación de Emigración, en el Consejo de la Judicatura y en la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que, como ya lo mencioné, permaneció por diez años al haber sido reelecto durante la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, desde luego con la manipulación y operación de López Lara, sembrando en la actual administración a Kristyan Felype Luis Navarro, que es un eficaz sirviente de tan célebre personaje, aunque evidentemente es un ignorante, de que las personas o cuerpos de los cadáveres, pueden ser identificados por diferentes medios y como la propia Cruz Roja internacional, sostiene el criterio que el último recurso de identificación es mediante la genética, por lo que resulta una soberana estulticia el procesar supuestamente, más de quinientas quejas y denuncias por falta de ese dictamen a esa cantidad de cuerpos, que dice fueron cremados y que sólo obran cenizas, cuando la mayoría de estos fueron personas que fallecieron en el Hospital Civil, que algunos de ellos se identificaron a sí mismos y otros por los familiares que los presentaron para su atención médica y que el hecho de que en una absoluta anarquía sin control alguno, personal de la Fiscalía, que es la institución que debe tener todos y cada uno de los dictámenes que sistemáticamente se practican en el Instituto de Ciencias Forenses, a petición de la propia Fiscalía, a la que se remiten por los distintos laboratorios, en su oportunidad los resultados de los estudios y donde una abogada de nombre Martha Benavides, de la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, personal de la Fiscalía, de la Secretaría General de Gobierno, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la más arrogante prepotencia sin el más mínimo orden y justificación, cesaron y despidieron personal, invadieron física y administrativamente todas las áreas del Instituto, disponiendo de todo tipo de recursos, objetos y bienes, al grado de que en la actual administración, su actuación será proclive a acrecentar la impunidad, entre otras cosas, por falta de personal capacitado, que en las audiencias de juicio puedan y sepan defender los dictámenes emitidos por ese instituto.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que por su destino y actividades sirve las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año, aunque sea poca su capacidad, pero no deja de prestar servicio y, que como antes, hoy tampoco se le reconoce, no obstante ser por ley, el factor fundamental en la procuración y la administración de la justicia, lo que pareciera ser algo de poca importancia, cuando es el factor que nos puede sacar delante de la impunidad que se padece.
Y sí en la administración pasada como en esta, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no obstante lo que agrava al erario público y su pírrica utilidad al no exhibir las violaciones sistemáticas y constantes que por las diferentes actividades del Gobierno, se violentan los Derechos Humanos de los Ciudadanos ya sea de privación ilegal de la libertad, de la dilación en la procuración y administración de la justicia, de los servicios médicos, del derecho a la educación, del derecho al trabajo, como ha pasado con el personal de Ciencias Forenses, donde ha estado constante y jamás se ha manifestado de modo alguno, lo que me permite concluir tal aseveración y demostrar su proceder complaciente, que en este segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos y Justicia, sólo sirve para dar espectáculo, pero no para dar resultados de acuerdo a su objetivo y al alto costo económico que resulta para los jaliscienses.
Debo reconocer que manifesté mi beneplácito por haberse electo al actual presidente, del que ahora reclamo la honestidad y valentía que presumía tener para aspirar a ese cargo y que sin menospreciar a los indígenas evadiendo el entorno de la Zona Metropolitana, se ha refugiado en la zona norte desatendiendo la Zona Metropolitana, que requiere su atención y presencia con toda urgencia.
* Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
locb15@hotmail.com
