Han pasado 52 años desde aquella madrugada neoyorkina en la que el Departamento de Policía de Nueva York intentara hacer una redada en el frecuentado Stonewall Inn, un bar ubicado en Greenwich Village, famoso entre la comunidad LGBT+ de la época.
Aquella noche, los agentes policiales se encontraron con una resistencia nunca antes mostrada, luego de que los clientes del establecimiento se negaran a ser sujetos de la revisión policial y de los arrestos rutinarios, y se iniciara una trifulca que sería la semilla para que se creara una resistencia civil organizada cuyo principal objetivo era abogar por los derechos de las orientaciones e identidades diversas.
A más de medio siglo de distancia de los llamados disturbios de Stonewall, pareciera que el panorama es muy distinto para los miembros de la comunidad LGBT+, sin embargo, la realidad es que aun después de muchas batallas victoriosas, no se ha ganado la guerra, y todavía quedan muchos puntos pendientes para que las personas de orientaciones e identidades diversas puedan vivir y desarrollarse libremente y en condiciones de igualdad.
Evidencia de lo anterior, es que en el mundo, 69 países aun consideran la homosexualidad como un delito, mientras que 12 de ellos la castigan con la muerte. No digamos ya los países que han mostrado tolerancia a la diversidad legalizando el matrimonio igualitario, pues la lista se reduce a 30 en todo el globo. En nuestro país, si bien la homosexualidad no es penalizada, el mostrar manifestaciones de afecto en público entre dos personas del mismo sexo, puede ser causa de molesto policial, o incluso, actuar de manera “afeminada” en algunos municipios, es razón suficiente para ser acreedor a sanciones administrativas.
En el recuento de ítems pendientes, el primero de ellos es el desarrollo de políticas y mecanismos administrativos y legales, para garantizarle a las personas con una orientación o identidad diferente a la convencional, una vida libre de discriminación y violencia. En este punto, es importante recalcar que no se trata solo de combatir la discriminación laboral y de acceso a servicios públicos o privados, para lo cual es necesario impulsar medidas de educación en la paz, tolerancia y visibilización; sino de garantizarles protección a su integridad física a través de la tipificación de crímenes de odio contra personas LGBT en las legislaciones penales y la creación de fiscalías especializadas para atender este tipo de delitos, pues los crímenes de odio en su contra son un mal que no ha logrado extinguirse en nuestro país. Tan solo en lo que va del año, según datos del Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT, se han reportado 35 asesinatos a personas LGBT+, y 3 desapariciones.
Otro punto impostergable en la agenda, es por supuesto garantizar a todas las personas, la libertad de desarrollarse, formar una familia y consolidar un patrimonio, en condiciones de igualdad. Para esto, los primeros pasos son esfuerzos del tipo legal, como permitir en la legislación civil el matrimonio entre personas del mismo sexo, que solo es posible en 21 de 32 estados del país sin un amparo; o bien, reconocer la identidad de género autopercibida, que actualmente solo 13 estados cuentan con una legislación de esta índole. Ambas modificaciones, permitirían que las personas pudieran desarrollarse libremente, pero también, acceder a servicios públicos y de seguridad social sin trabas.
El problema detrás de estos puntos pendientes es que los gobiernos no quieren asumir el coste político que implica modificar las legislaciones para garantizarle al colectivo LGBT+ condiciones de igualdad. Es así, que hasta que no se tomen estas medidas, los colectivos seguirán marchando y el legado de los disturbios de Stonewall seguirá siendo la llama en la antorcha de esta lucha.
* Especialista en Comunicación Política
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