/ martes 7 de julio de 2020

“Juanitas” nunca más

Las “Juanitas” son los casos más emblemáticos de lo que es la violencia política contra las mujeres; los partidos políticos las postulan para cumplir con la cuota de género, pero al ganar las hacen renunciar favoreciendo a un hombre que las supla. Desde 2009, cuando esto sucedió por primera vez, las reformas a las leyes electorales han ido modificándose en función de eliminar estas prácticas, sin embargo, como se dice, esa es solo la punta del iceberg.

Estos han sido casos emblemáticos y mediáticos, sin embargo, la violencia política contra ellas no se reduce a este ejemplo, para muestra, tan solo en el proceso electoral de Jalisco en 2018, se identificaron 33 casos de agresiones por razón de género, agresiones que pocas veces son denunciadas por temor a represalias que incluyen desde el menoscabo de su imagen hasta la congelación de su carrera política.

El marco jurídico internacional como la CEDAW,, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Belém Do Pará y la Convención Americana de Derechos Humanos, indican las medidas y las vías necesarias para que cada país, estado y municipio incorpore en sus legislaciones acciones afirmativas que garanticen la erradicación de la violencia política contra las mujeres.

En ese sentido, la semana pasada en el Congreso de Jalisco aprobamos una reforma a la Constitución, a los códigos Electoral y Penal, así como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de perseguir lo que el marco jurídico internacional busca: erradicar la violencia política contra las mujeres. Estas reformas plantean sanciones a cualquier persona, entidad o servidor público que cometa cualquier acción que violente políticamente por razón de género a las mujeres en Jalisco.

En un país y estado en el que la vulneración de los derechos políticos, civiles y humanos de las mujeres suceden constantemente, estas reformas significan un paso para refrendar nuestro compromiso hacia ellas. Un paso que intenta, poco a poco, reparar años de violencia y que permite abrirnos camino a la búsqueda de un sistema político más justo para ellas, en el que se les respeten todos sus derechos, sin afectarlas o menoscabar su ejercicio político.

Estoy convencido de que reconocer las violencias contra las mujeres es el paso más importante para erradicarlas; al reconocerlas y visibilizarlas les ponemos nombre, las sancionamos y se activan los mecanismos para no cometerlas. Hace unos días conmemoramos el aniversario del voto de la mujer en México, una de las primeras conquistas de las mujeres en sus derechos político-electorales que sucedió en 1955 y, desde entonces la lucha no se ha detenido, día a día la democracia mexicana ha enfrentado los retos de otorgarles un piso parejo en la participación política y con esta reforma las mujeres en Jalisco han conseguido una victoria más. Los desafíos continúan y estoy seguro de que no pararemos hasta conseguirlos.

Las “Juanitas” son los casos más emblemáticos de lo que es la violencia política contra las mujeres; los partidos políticos las postulan para cumplir con la cuota de género, pero al ganar las hacen renunciar favoreciendo a un hombre que las supla. Desde 2009, cuando esto sucedió por primera vez, las reformas a las leyes electorales han ido modificándose en función de eliminar estas prácticas, sin embargo, como se dice, esa es solo la punta del iceberg.

Estos han sido casos emblemáticos y mediáticos, sin embargo, la violencia política contra ellas no se reduce a este ejemplo, para muestra, tan solo en el proceso electoral de Jalisco en 2018, se identificaron 33 casos de agresiones por razón de género, agresiones que pocas veces son denunciadas por temor a represalias que incluyen desde el menoscabo de su imagen hasta la congelación de su carrera política.

El marco jurídico internacional como la CEDAW,, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Belém Do Pará y la Convención Americana de Derechos Humanos, indican las medidas y las vías necesarias para que cada país, estado y municipio incorpore en sus legislaciones acciones afirmativas que garanticen la erradicación de la violencia política contra las mujeres.

En ese sentido, la semana pasada en el Congreso de Jalisco aprobamos una reforma a la Constitución, a los códigos Electoral y Penal, así como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de perseguir lo que el marco jurídico internacional busca: erradicar la violencia política contra las mujeres. Estas reformas plantean sanciones a cualquier persona, entidad o servidor público que cometa cualquier acción que violente políticamente por razón de género a las mujeres en Jalisco.

En un país y estado en el que la vulneración de los derechos políticos, civiles y humanos de las mujeres suceden constantemente, estas reformas significan un paso para refrendar nuestro compromiso hacia ellas. Un paso que intenta, poco a poco, reparar años de violencia y que permite abrirnos camino a la búsqueda de un sistema político más justo para ellas, en el que se les respeten todos sus derechos, sin afectarlas o menoscabar su ejercicio político.

Estoy convencido de que reconocer las violencias contra las mujeres es el paso más importante para erradicarlas; al reconocerlas y visibilizarlas les ponemos nombre, las sancionamos y se activan los mecanismos para no cometerlas. Hace unos días conmemoramos el aniversario del voto de la mujer en México, una de las primeras conquistas de las mujeres en sus derechos político-electorales que sucedió en 1955 y, desde entonces la lucha no se ha detenido, día a día la democracia mexicana ha enfrentado los retos de otorgarles un piso parejo en la participación política y con esta reforma las mujeres en Jalisco han conseguido una victoria más. Los desafíos continúan y estoy seguro de que no pararemos hasta conseguirlos.