Óscar Ábrego
El 24 de julio del año 2015, Alberto Barranco, publicó en el diario El Universal una columna titulada: "Pisa México en escándalo en Guatemala". En dicha colaboración, el periodista ofrece detalles de cómo la poderosa empresa jalisciense fue acusada y vetada por la obtención de contratos millonarios en dólares por la vía de sobornos y por graves deficiencias en el cumplimiento de los servicios, al grado de que le atribuyeron la muerte de decenas de personas por severas fallas en los insumos para el tratamiento contra la peritonitis.
Esta noticia fue todo un escándalo en la nación chapín en virtud de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, llevó a la cárcel a funcionarios de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Lo anterior viene a cuenta porque la historia guarda cierto símil con lo que hoy ocurre en nuestra entidad. Hace un par de semanas nos enteramos de un brote infeccioso por la bacteria Leclercia Adercaboxylata. Al momento en que redacto este trabajo, aún se sospecha que la fuente de la contaminación podría tener como origen un lote proporcionado por la proveedora SAFE, filial de Laboratorios PISA. Y hasta donde nos han dejado saber, la afectación alcanzó a cuando menos 70 personas, de las cuales dos habrían muerto a causa de esta infestación.
No está por demás señalar que en cualquier otra parte del mundo, la sola sospecha de que un medicamento o complemento alimentico ocasionó el deterioro o fallecimiento de un paciente, pone en marcha un protocolo de tal rigor, que impide la intervención de los actores del poder que pudieran tener intereses monetarios de por medio y estorbar en las indagatorias para proteger a la firma involucrada.
Por supuesto que eso no sucedió aquí. Por el contrario. Hay señales descaradas de que se pretendió distraer a la opinión pública con la implementación de un ansioso plan de emergencia mediático. Sin embargo la intentona fracasó. Hoy el caso se encuentra en estudio por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y todo apunta a que es muy probable que las evidencias confirmen el supuesto de que detrás de la alerta epidemiológica no sólo existió negligencia, sino que quede al descubierto una de las hebras de la amplia red de corrupción y complicidades a la que tanto se ha referido el gobernador Enrique Alfaro.
Por lo pronto, el aún delegado del IMSS en Jalisco, Marcelo Castillero Manzano, informó este fin de semana que se suspendió la compra de bolsas de nutrición parenteral a SAFE, mientras se decide si se rescinde o no el contrato a esta filial de Pisa.
Ahora bien, flota en el aire un cúmulo de dudas con respecto a la relación que ha sostenido la precitada empresa con los gobiernos anteriores y la que hoy guarda con la administración anaranjada. De cualquier manera, hay una que se impone: ¿Acaso hay personajes del aparato gubernamental que han recibido beneficios económicos como producto de las multimillonarias asignaciones directas que han favorecido a este corporativo?
