/ domingo 10 de febrero de 2019

Infonavit; el lastre de muchos

El presidente López Obrador dio a conocer el Programa Federal Responsabilidad Compartida, cuyo objetivo es que casi 200 mil trabajadores disminuyan su adeudo con el Infonavit, pero se comprometan al pago del 55% del financiamiento original tasado ahora de una manera “pagable” y no como sucede hoy, en los cuales el trabajador nunca ha visto reducida su deuda ligada a un magro salario, generalmente.

Lo extraño en esta denominada Cuarta Transformación, es que no se haya profundizado en la inconstitucionalidad de esos sistemas de crédito que han favorecido sólo a los fraccionadores e inversores inmobiliarios los cuales utilizan la mercadotecnia falaz y engañosa y ante los cuales no ha existido ninguna acción punitiva de los gobiernos y poco se ha dado a conocer de lo que sobre todos los gobiernos municipales tendrán que invertir para otorgar a esos habitantes enganchados con falsas promesas y los cuales, muy probablemente, no podrán acceder a este programa. El cual debe ir acompañado de una política integral de rehabilitación del tejido social y de las condiciones concretas de la vida urbana en esos espacios de muy alta vulnerabilidad existentes principalmente en las zonas periféricas de las principales metrópolis del país.

El fenómeno de fondo necesario de reconocer por el Gobierno federal es el hecho real y comprobable de miles de hectáreas de tierras agrícolas y baratas que han sido fraccionadas sin dotarlas primero de lo más elemental de la infraestructura urbana. Sin suficiente agua, sin transporte público digno, ni la suficiente vigilancia policial, o la conectividad necesaria y derivada de la planeación urbana. Sin siquiera tener las banquetas necesarias para llegar a esos núcleos poblacionales y donde se debe pagar el transporte caro y peligroso surgido como única alternativa para acudir a la escuela o el trabajo por parte de cientos de miles de mexicanos.

El caso más representativo de lo señalado, desde una visión socio-crítica urbana, es sin duda las decenas de poblaciones marginadas existentes en Tlajomulco, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque que se siguen sumando a los cinco millones de casas promovidas por Infonavit para su compra en el país y abandonadas por impagable el crédito o la peligrosidad desarrollada en esa degradación urbana, y según reconoció el presidente López Obrador.

El estado de Nuevo León, de México y Jalisco son los principales destinatarios de ese engaño a los trabajadores bajo promesas de un “nuevo estilo de vida” y conocedores, los hambreadores del concreto, que la aspiración por tener una vivienda es de todo ser humano en todos los tiempos.

Así han permitido los gobiernos municipales durante tres sexenios en Jalisco el abandono de 300 mil viviendas en estos poblados fantasmas característicos de municipios como Tlajomulco, con 50 mil viviendas en fraccionamientos que se han convertido en bancos de material eléctrico y sanitario para los delincuentes ocasionales o para la venta ilícita de lo que sea. Incluso como fosas clandestinas para la delincuencia. Los casos están documentados pero los cabildos siguen aprobando fraccionamientos donde la tierra es barata y los trabajadores compran con créditos de Infonavit aun cuando deban caminar sin banquetas y por las peligrosas carreteras con sus hijos de la mano.

Académico del CUAAD

Universidad de Guadalajara

carlosm_orozco@hotmail.com

El presidente López Obrador dio a conocer el Programa Federal Responsabilidad Compartida, cuyo objetivo es que casi 200 mil trabajadores disminuyan su adeudo con el Infonavit, pero se comprometan al pago del 55% del financiamiento original tasado ahora de una manera “pagable” y no como sucede hoy, en los cuales el trabajador nunca ha visto reducida su deuda ligada a un magro salario, generalmente.

Lo extraño en esta denominada Cuarta Transformación, es que no se haya profundizado en la inconstitucionalidad de esos sistemas de crédito que han favorecido sólo a los fraccionadores e inversores inmobiliarios los cuales utilizan la mercadotecnia falaz y engañosa y ante los cuales no ha existido ninguna acción punitiva de los gobiernos y poco se ha dado a conocer de lo que sobre todos los gobiernos municipales tendrán que invertir para otorgar a esos habitantes enganchados con falsas promesas y los cuales, muy probablemente, no podrán acceder a este programa. El cual debe ir acompañado de una política integral de rehabilitación del tejido social y de las condiciones concretas de la vida urbana en esos espacios de muy alta vulnerabilidad existentes principalmente en las zonas periféricas de las principales metrópolis del país.

El fenómeno de fondo necesario de reconocer por el Gobierno federal es el hecho real y comprobable de miles de hectáreas de tierras agrícolas y baratas que han sido fraccionadas sin dotarlas primero de lo más elemental de la infraestructura urbana. Sin suficiente agua, sin transporte público digno, ni la suficiente vigilancia policial, o la conectividad necesaria y derivada de la planeación urbana. Sin siquiera tener las banquetas necesarias para llegar a esos núcleos poblacionales y donde se debe pagar el transporte caro y peligroso surgido como única alternativa para acudir a la escuela o el trabajo por parte de cientos de miles de mexicanos.

El caso más representativo de lo señalado, desde una visión socio-crítica urbana, es sin duda las decenas de poblaciones marginadas existentes en Tlajomulco, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque que se siguen sumando a los cinco millones de casas promovidas por Infonavit para su compra en el país y abandonadas por impagable el crédito o la peligrosidad desarrollada en esa degradación urbana, y según reconoció el presidente López Obrador.

El estado de Nuevo León, de México y Jalisco son los principales destinatarios de ese engaño a los trabajadores bajo promesas de un “nuevo estilo de vida” y conocedores, los hambreadores del concreto, que la aspiración por tener una vivienda es de todo ser humano en todos los tiempos.

Así han permitido los gobiernos municipales durante tres sexenios en Jalisco el abandono de 300 mil viviendas en estos poblados fantasmas característicos de municipios como Tlajomulco, con 50 mil viviendas en fraccionamientos que se han convertido en bancos de material eléctrico y sanitario para los delincuentes ocasionales o para la venta ilícita de lo que sea. Incluso como fosas clandestinas para la delincuencia. Los casos están documentados pero los cabildos siguen aprobando fraccionamientos donde la tierra es barata y los trabajadores compran con créditos de Infonavit aun cuando deban caminar sin banquetas y por las peligrosas carreteras con sus hijos de la mano.

Académico del CUAAD

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carlosm_orozco@hotmail.com

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