Jorge Chaires Zaragoza*
El pasado 13 y 14 de junio se conmemoraron los 200 años de la adhesión de Jalisco al Plan de Iguala, en el que se proclama la independencia de México. Desde entonces Jalisco se convirtió en un férreo defensor del federalismo.
Como se sabe, el gobernador Enrique Alfaro ha insistido en el replanteamiento de la relación con el gobierno federal, motivado por la disminución del presupuesto asignado al Estado de Jalisco.
Al respecto, es importante hacer algunas consideraciones sobre nuestro federalismo, a fin de estar en posibilidad entender sus alcances y posibilidades.
México es un país federal que compagina el modelo dual y simétrico. El artículo 40 de la Constitución federal establece, por un lado, que los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y, por otro lado, precisa que estarán unidos en una federación según los principios de la misma ley fundamental. Esta dualidad del federalismo ha permitido su adaptabilidad no solo en función de las necesidades del país, sino que también se ha utilizado como arma para defender distintos intereses, ya sea por parte del ejecutivo federal como de los gobernadores de los estados.
El poder compaginar la soberanía de los estados con la necesidad de alcanzar la unidad y el desarrollo nacional, ha sido el gran reto del constitucionalismo mexicano. ¿Hasta dónde llega la soberanía de los estados? ¿Hasta dónde debe intervenir el gobierno central en los asuntos internos de los estados?
Para algunos la respuesta es sencilla, pues tan solo implicaría el que se respetaran los principios constitucionales de soberanía de los estados y la autonomía municipal. Algunos otros son de la opinión de que la solución debe venir de la mano de la coordinación y colaboración, a fin de superar la rigidez del modelo dual. Por el contrario, hay quienes consideran que se deben diseñar modelos de homologación y unificación.
Ahora bien, de acuerdo con autores como Daniel Elazar, el federalismo cobra sentido en aquellos países con gobiernos locales autosuficientes y autogobernables, con una fuerte cultura democrática y de respeto al Estado de derecho, de lo contrario, se convierten en espacios de dependencia y sumisión o, bien, de autocracia y autarquía. Entonces la respuesta ya no es tan sencilla, cuando los gobiernos locales no son autosuficientes y autogobernables.
Para nadie es desconocido que en México históricamente la agenda de los gobiernos locales se ha impuesto desde el centro, no solo por una arraigada aspiración centralista, sino también por la incapacidad de los gobiernos locales contar con instituciones auténticamente democráticas y efectivas, que pueden servir de contrapeso al gobierno central.
Se debe reconocer que el subdesarrollo, la corrupción e impunidad en México no solo es atribuible al gobierno federal, sino que, en gran medida, es responsabilidad de los gobiernos locales, quienes no han sido capaces de articular los mecanismos necesarios para impulsar el desarrollo de sus regiones y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Hoy en día la gran mayoría de los estados y, en mucho mayor grado los municipios, siguen sin ser autogobernables y autosuficientes, lo que los hace depender por entero del gobierno federal.
Por el contrario, aquellos gobiernos estatales que han logrado la autosuficiencia económica, están en posibilidad de exigir una nueva relación con el gobierno federal, lo cual puede abrir el camino para un nuevo modelo de distribución de competencias.
Por ejemplo, un modelo asimétrico que defina las competencias por medio de pactos territoriales regionales o que legislaturas estatales no estén obligadas a implementar las reformas constitucionales que no aprueben, en función de sus propias necesidades e intereses de la población de Jalisco. Lo que implicaría el despojarse de las ortodoxias decimonónicas del Estado-nación, para reconocer las diferencias de los estados plurinacionales y pluriculturales.
*Doctor. Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia
