Eduardo Sadot
Esta semana, después de controversias entre las diversas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, con el tan criticado mayoriteo del viejo PRI, hoy en Morena, se aprobaron las reformas constitucionales que servirían de marco legal a la Guardia Nacional.
El origen, es la demanda de seguridad del país, con la arrogancia que le caracteriza al actual presidente ha dicho que las estrategias de los presidentes anteriores han sido un fracaso, no obstante en los casi tres meses que lleva el gobierno actual con mas de dos mil seiscientos muertos entre los que se cuentan un senador opositor, una gobernadora opositora, y dos líderes populares de Morelos, que se manifestaron en contra de la construcción de una termoeléctrica en ese Estado, la aprobación de la Guardia Nacional, en las condiciones que pretendía el presidente se aprobaron las reformas.
Considerando que el régimen actual llegó derogando la Ley de Seguridad Interior, sobre la base de que las Fuerzas Armadas mantenían una exagerada injerencia en la Seguridad Interior y que esta estaba reservada solo a la autoridad Civil, a pesar de que durante muchos años las Fuerzas Armadas han intervenido para contener a la delincuencia, supliendo las carencias de la policía y ante la ausencia de una policía eficiente, honesta, competente y capaz.
En la iniciativa de reformas constitucionales aprobadas, en el artículo 21, se refrenda la vocación que debe mantenerse de respeto a los derechos humanos, en el inciso b) subsisten temas como el de la inteligencia y el sistema de información estratégica, que aparentemente ya no existiría, aunque según la opinión de la autoridad que ya no se invadiría la intimidad de las personas como – sostienen – que era antes, sin aportar – también como siempre – elementos de prueba que soporten su dicho.
Curiosamente en el artículo Cuarto transitorio de la iniciativa de reformas de la Constitución, se incluyen una serie de reformas a las que debe sujetarse la regulación de las reformas, y en ese articulo transitorio le incluyen todo lo que aguante el papel, la necesidad de regular la posesión de armas de los ciudadanos para su defensa, un tímido esbozo de lo que debe ser la policía ministerial, como el intento hecho con la Gendarmería. O las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, lo que obligará a formar una nueva ley de la materia, una ley sobre policías que debe incluir las facultades de la policía ministerial, confirma la participación por cinco años de las Fuerzas Armadas, que no estén en activo, pero que resulta igual. La ley de registro de detenciones, para preservar los derechos humanos, pero se faculta a cualquier persona a detener a quien incurra en flagrancia, siempre que se entregue a la autoridad competente – que particularmente sostenemos que provocará linchamientos – aunque la ley diga lo contrario, el tema es lo que provoque en la práctica. Si en un plazo de dos años la estrategia fracasa y los rangos de la delincuencia en el país continúan – si el actual régimen no cae en la tentación de ocultar o maquillar cifras – se podrá calificar la medida como exitosa o de contundente fracaso, pero por el bien de todos, mejor será otorgar el beneficio de la duda. Otro de los temas que deben abordarse con extremo cuidado es el respeto a la soberanía de los Estados, de igual importancia y trascendencia que los Derechos Humanos.
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