/ lunes 18 de octubre de 2021

Golpe letal del gobierno federal a las OSC

El Gobierno Federal ha construido a lo largo de estos tres años una estrategia consistente en debilitar a todos aquellos actores sociales que pudieran debilitar su idea de nuevo régimen totalitario, debilitando de manera radical la calidad de la democracia que durante años los mexicanos han buscado construir.

A la lista de Poderes Públicos Federales y Estatales, Órganos Constitucionales Autónomos, la cuarta transformación suma una víctima adicional: las Organizaciones de la Sociedad Civil de nuestro país.

En el paquete fiscal para el año 2022, el Gobierno Federal presentó una propuesta para reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta mediante la cual, pretende limitar las deducciones personales que se realicen con motivo de donaciones realizadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Tal y como lo han afirmado organismos como el Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C. la propuesta en referencia, orquestada por el Gobierno Federal Mexicano, es de carácter recaudatorio y limita las posibilidades de sobrevivencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil, afectando a más de 5 mil organizaciones de esta naturaleza, comprometiendo seriamente la supervivencia financiera de casi 2 mil organizaciones que dependen de entre el 30% y el 100% de sus ingresos de los donativos realizados por hombres y mujeres mexicanos de buena voluntad, lo anterior, según análisis realizados por el Centro Mexicano para la Filantropía.

A pesar de que el Gobierno Federal argumenta que la razón de ser de esta propuesta consiste en promover la eficiencia recaudatoria, la propuesta persigue fines políticos muy claros: por un lado, debilitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil como instancias en las que se gesta el cambio social y la conciencia colectiva de un país más solidario y humano, una situación que le es poco conveniente al actual régimen. En segundo lugar, al garantizar el debilitamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Gobierno Federal garantiza la monopolización de la asistencia y apoyo social desde Palacio Nacional, con el fin de manejar de manera discrecional y electoral, toda clase de ayuda necesaria para garantizar una vida mejor para las y los mexicanos menos afortunados.

Bajo este contexto que es que, desde el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, reiteramos nuestro compromiso de defender de manera firme a los actores que han permitido construir un mejor país desde la solidaridad que surge en el seno de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por tal razón, buscaremos por todos los medios legítimos -desdes la Cámara de Diputados Federal- que la propuesta del Gobierno Federal no pase a ser parte de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, porque entendemos esta propuesta orquestada por la Presidencia y operada por Morena en el Congreso Federal, como un golpe letal a uno de los sectores sociales de mayor relevancia en la construcción de un mejor México.

Diputado federal PAN

El Gobierno Federal ha construido a lo largo de estos tres años una estrategia consistente en debilitar a todos aquellos actores sociales que pudieran debilitar su idea de nuevo régimen totalitario, debilitando de manera radical la calidad de la democracia que durante años los mexicanos han buscado construir.

A la lista de Poderes Públicos Federales y Estatales, Órganos Constitucionales Autónomos, la cuarta transformación suma una víctima adicional: las Organizaciones de la Sociedad Civil de nuestro país.

En el paquete fiscal para el año 2022, el Gobierno Federal presentó una propuesta para reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta mediante la cual, pretende limitar las deducciones personales que se realicen con motivo de donaciones realizadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Tal y como lo han afirmado organismos como el Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C. la propuesta en referencia, orquestada por el Gobierno Federal Mexicano, es de carácter recaudatorio y limita las posibilidades de sobrevivencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil, afectando a más de 5 mil organizaciones de esta naturaleza, comprometiendo seriamente la supervivencia financiera de casi 2 mil organizaciones que dependen de entre el 30% y el 100% de sus ingresos de los donativos realizados por hombres y mujeres mexicanos de buena voluntad, lo anterior, según análisis realizados por el Centro Mexicano para la Filantropía.

A pesar de que el Gobierno Federal argumenta que la razón de ser de esta propuesta consiste en promover la eficiencia recaudatoria, la propuesta persigue fines políticos muy claros: por un lado, debilitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil como instancias en las que se gesta el cambio social y la conciencia colectiva de un país más solidario y humano, una situación que le es poco conveniente al actual régimen. En segundo lugar, al garantizar el debilitamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Gobierno Federal garantiza la monopolización de la asistencia y apoyo social desde Palacio Nacional, con el fin de manejar de manera discrecional y electoral, toda clase de ayuda necesaria para garantizar una vida mejor para las y los mexicanos menos afortunados.

Bajo este contexto que es que, desde el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, reiteramos nuestro compromiso de defender de manera firme a los actores que han permitido construir un mejor país desde la solidaridad que surge en el seno de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por tal razón, buscaremos por todos los medios legítimos -desdes la Cámara de Diputados Federal- que la propuesta del Gobierno Federal no pase a ser parte de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, porque entendemos esta propuesta orquestada por la Presidencia y operada por Morena en el Congreso Federal, como un golpe letal a uno de los sectores sociales de mayor relevancia en la construcción de un mejor México.

Diputado federal PAN