Carlos Anguiano
La inseguridad y la violencia se siguen incrementando en México y en Jalisco. Al paso de las semanas, transcurriendo ya los primeros meses de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como Presidente y de Enrique Alfaro Ramírez como Gobernador, estamos lejos de encontrar soluciones para los que si bien son problemas añejos, también es cierto que siguen en aumento. Se incrementa cada vez más la descomposición social y cada vez ocasiona más y más problemas a los habitantes, a los ciudadanos.
Lamentablemente, la población que votó para llevarlos al triunfo electoral, cometió en muchos casos el error de creer que la inseguridad era un asunto político, de falta de voluntad, que podía solucionarse de un plumazo sacando a quienes gobernaban y poniendo a otros nuevos, carismáticos, populares, con imagen fresca y discurso cautivador. Se falló en ese cálculo. Hoy podemos afirmar que la solución para la inseguridad que nos afecta no está en las urnas. Es mucho más grave el problema que la política y debe convocarnos a todos, sin importar colores, ideologías ni intereses particulares, a intentar recuperar el camino perdido y devolver a nuestras familias la tranquilidad y la paz perdida.
Los costos de la inseguridad son intangibles y complejos de cuantificar, sin embargo, el INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública 2018, informó que 25 millones 400 mil mexicanos, equivalentes a 21.24% de la población nacional, fueron víctimas de algún delito: robos, asaltos, extorsión, lesiones, amenazas, secuestros y acoso o violencia sexual. Se estima que cada víctima sufrió un daño económico promedio de siete mil 147 pesos, por concepto de las pérdidas monetarias ocasionadas por la delincuencia; además de medidas preventivas, gastos de salud, programas vecinales de protección y hasta la compra de perros guardianes.
En Jalisco, las policías preventivas municipales y estatal están rebasadas y son notoriamente insuficientes para inhibir la comisión de delitos. Tristemente, las apuestas de que cuando entre en funciones la Guardia Nacional mejorara nuestra seguridad, no comprenden que el incremento de delitos del fuero común, los asaltos en la vía pública, los robos a casa habitación, el incremento de robos donde incluso menores de edad en bicicletas roban accesorios y partes automotrices a plena luz del día con total impunidad, no se persiguen con tanquetas, armas de alto poder, vehículos blindados y comandos de ataque.
El robo de rejas, bombas de agua, tapas de alcantarilla y cualquier objeto metálico en las casas, en la infraestructura pública, son el pan de cada día. Carteristas y violentos extorsionadores son una realidad que se extiende sin límite y sin que la Policía pueda detenerlos. Estamos perdiendo las calles. Estamos reduciendo nuestra libertad de tránsito a las horas con luz de día y cada vez más, vivimos encerrados protegiendo a los nuestros, sabedores que el gobierno no lo está haciendo.
Quien tiene dinero, no escatima en gastar en seguridad, pero privada, modalidad en auge y que cuesta al ciudadano ante el cumplimiento del Estado de garantizar la función publica de dar seguridad a la población. Como ejemplo, cotos y fraccionamientos, colonias enteras apuestan a contratar seguridad privada pues la Policía municipal y estatal es insuficiente, incapaz, no está presente y es parte del problema que tanto nos aqueja y deteriora sensiblemente nuestra calidad de vida. Algo debemos de hacer ante la falla del Gobierno.
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