"Necesitamos favorecer las evidencias verificables por sobre las observaciones personales. O nos colocaremos vulnerables a que nos obscurezcan la verdad”.
Richard Dawkins
Hemos escuchado muchas veces que hay políticos que tienen “buen instinto”. Son buenos para oler una crisis, para adelantarse a sus oponentes o para leer la coyuntura. Eso no es necesariamente malo, porque la política es compleja y se requiere cierto instinto para poder llevar una visión de Estado a cabo. Sin embargo, en los tiempos actuales, se ha abusado de esta percepción. Para ejemplificar la necesaria diferencia entre el instinto político y las acciones de gobierno inteligentes, usaré algunos conceptos de la transparencia.
¿Qué es un acto de autoridad? Es cualquier acción que emprenda un funcionario de Gobierno o representante electo durante el curso de sus funciones. Estos actos están normados y cualquier ciudadano puede pedir información pública de ellos. ¿Quieres saber porqué una calle se pavimentó y no la otra? Puedes preguntarlo mediante la Ley de Transparencia. Sin embargo, sería impráctico preguntar todo acerca de todas las acciones de gobierno. Por eso, los gobiernos están obligados a dar información pública y a fundar y motivar sus actos, es decir, explicar bajo qué ley, reglamento y contexto tomaron una decisión.
Para entender este contexto, es necesario tener a la mano la ley, sí, pero también algo importantísimo: datos. Los gobiernos toman decisiones todo el tiempo respecto a obra pública, inversiones y programas de Gobierno. Desde hace algunas décadas, los censos económicos y demás encuestas del INEGI son una de las maneras en las que nuestras políticas públicas pueden tener relación con la realidad social que vivimos. En el país de la ocurrencia y la improvisación, gobernar con cifras y datos es fundamental. Las conferencias mañaneras del presidente ya nos demostraron que el propio Gobierno federal ha tenido desde hace años dificultades generando datos en tiempo real que le ayuden a tomar decisiones.
Ahora nos enfrentamos a un grave retroceso en materia de datos: el recorte al INEGI que ha obligado a cancelar varias encuestas de suma importancia para el país. Para que se dé una idea de lo que se verá afectado, un botón: se cancela la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) en un tiempo de suma violencia en México. Se cancela la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) en un tiempo en que entre la mala planeación del combate al huachicoleo y los bloqueos ferroviarios de la CNTE, se registra el menor crecimiento económico en meses y se cancela la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo en medio de las promesas de la Secretaría de Cultura de “llevar la cultura al pueblo”.
En total, son 14 encuestas en las canceladas. No son solamente importantes para el Gobierno, sino para el país; muchas notas periodísticas que usted ve de economía, inseguridad y sociedad dependen de estos datos, que a veces al contradecir los dichos del Gobierno en turno, nos ayudan a saber qué es información y qué es propaganda. En medio de discusiones como las de la prisión preventiva y la Guardia Nacional, causa sospecha y preocupación que se cancelen estas encuestas. A veces, los datos son nuestra luz en la oscuridad de la propaganda. Digamos claro que, si sucede esto, nos quedaremos #SinDatosSinDerechos.
Secretario General PAN Guadalajara.
