Una disculpa amable lector, pero no puedo pasar por alto el día ocho de julio, ya que en esa data se me partió la vida, debido a que íntimamente sufrimos del delito de desaparición de mi hija, un año más sin que las autoridades hayan podido esclarecer dicho ilícito, tal y como sucede con los cientos, quizá miles de delitos de desaparición forzada y privación de la vida, entre muchos más, que a diario se comenten con una espléndida impunidad y pareciera con la complicidad de las autoridades ya que no se aclara ninguno de estos hechos delictivos; estoy cierto sin temor a equivocarme, que dicen hacer y desde luego que nada hacen en pos del esclarecimiento de las atroces agresiones, en favor de alguna víctima, lo más lamentablemente es que dicha actitud es el común denominador, ya que sin ninguna justificación ni recato, solo se juega el dedo en la boca a todas esas madres y personas que a diario acuden ante las autoridades a exigir justicia recibiendo únicamente excusas sin dar resultados; es tiempo que la ciudadanía dejemos de consentir tan aterradores hechos y empecemos a exigir a las autoridad el cumplimiento de su deber, ya que es de la única manera que se razonaría su permanencia en el puesto que ocupan y que si no pueden o no quieren lo dejen para el que si puede y quiere.
No quiero dejar de mencionar, que igual sucede en el IJCF, ya que en muchas ocasiones indebidamente retardan la entrega de los cuerpos o restos humanos que ya reposan en las instalaciones de dicho instituto, a quienes van seguros de que ahí se encuentra su familiar y por equis razón, valida o no valida, sin importarles la desesperación y la impotencia de las gentes, no les entregan el cuerpo, lo que les causa más dolor, además que se topan ante una atención poca respetuosa e incierta, todo lo cual es plenamente consentido por el “Descoordinador de Seguridad en el Estado” y trasmitido por conducto de los testaferros que ahora tiene en dicho instituto, todo lo cual implica una manera deshonesta y una grave falta a la legalidad, ya que se violentas sus más elementales derechos Humanos y Fundamentales consagrados en la Carta Magna.
Los temas a que me he referido en los párrafos anteriores, para las autoridades es letra muerta, ya que su extralegal justificación, es que se trata de hechos cometidos entre delincuentes, -como si eso ya estuviera legalizado, así como el no procurar justicia-; la Fiscalía no lo hace porque ni recursos humanos ni materiales tienen para realizar su labor, -que para este gobierno parece le es totalmente irrelevante-, a grado tal que no tan solo en los hechos de la delincuencia organizada es lo ordinario, sino que también existe otra delincuencia organizada, de cuello blanco, como lo son los Diputados Locales y demás coparticipes que aprobaron los nombramientos de una Consejera Juez, una Consejera Ciudadana y un Consejero Ciudadano, del Consejo de la “Caricatura” del Poder Judicial del Estado de Jalisco, no obstante que dichos personajes no acreditaron haber reunido los requisitos de la Convocatoria, como lo es el caso del Consejero Ciudadano, no aprobó, además del examen de conocimientos, el de fama pública y, que sí aprobó el de control y confianza, fue por la intervención de su padrino Talamantes, -que ha sido su promotor y a quien le sirve de litigante y, ahora como Consejero, desde luego que se hará más eficiente-, ya que sus antecedentes penales por varias denuncias criminales es muy amplio y conocido, que dicho sea de paso las ha solventado por tecnicismo jurídicos y no porque haya hecho la reparación del daño a la víctima en su patrimonio.
Siguiendo con la comisión de delitos, respecto de la Consejera Ciudadana que tampoco aprobó los exámenes de conocimientos y que además Constitucionalmente no puede desempeñar ese cargo, en virtud de haber ostentado una jefatura de departamento en el municipio de Zapopan, Jalisco, sin dejar pasar el tiempo mínimo necesario para poder ser elegible, pero igualmente, existen pronunciamientos de varios ciudadanos que se dolieron de su desempeño por actitudes no muy licitas.
Continuando con la Consejera Juez, a quienes los señores Diputados en su empeño de desacatar lo dispuesto por el Gobernador del Estado, de que este proceso de selección sería al margen de componendas entre partidos políticos o de grupos, hicieron caso omiso, con lo cual, de nueva cuenta trasgredieron la Legislación Penal del Estado, misma que tipifica como delito el desempeñar un cargo sin reunir los requisitos de ley, en donde hoy se ven involucrados, el propio Presidente del Supremo Tribunal del Estado, el Consejero Ciudadano, cuyo nombramiento vence hasta el mes de octubre, quienes además han realizado actuaciones en el Consejo, que ante la conducta delictiva pueden llegar a dejar de tener sus efectos y aun mas, agravar el desprestigio y mal funcionamiento del Poder Judicial del Estado, situación que todas las autoridades y, pareciera que también la sociedad, son omisas por desconocimiento o mala fe, en principio por no denunciar tan evidentes y semejantes ilícitos, donde el fiscal, de oficio debería estar tramitando la respectiva carpeta de investigación y la inútil Comisión Estatal de Derechos Humanos, también sometida, contrario a lo que le mandata la ley, también debería estar denunciando tales hechos, cometidos en agravio de la sociedad jalisciense.
Por último, quiero referirme al vergonzoso silencio sepulcral, en particular, el de los Colegios y Asociaciones de Abogados, a quienes más que a ningún otro sector social le corresponde la denuncia por el debido conocimiento de la ley, que supuestamente tienen o que debemos tener, ante el indebido actuar de las autoridades a que me refiero a lo largo de este epígrafe, inclusive se debería de exigir su destitución para terminar con este tipo de conductas ilícitas.
Que no se nos olvide que están en Capilla nueve plazas de Magistrados que habrá que ver quien vende, quien compra y cuánto valen esas plazas, como ha sucedido en el pasado reciente.
* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Publica de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
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