/ jueves 24 de marzo de 2022

Espiral incesante

Hace semanas que hablamos de En México se contabilizaban para al 17 de marzo, 99,134 personas desaparecidas y no localizadas, y de ellas, más de 16 mil están en Jalisco. Lo he dicho en más de una columna y sigo insistiendo en el tema: nuestro estado es el número uno en el país. La situación es grave, terriblemente grave.

Días atrás circulaba una fotografía de la última marcha del 8M en la ciudad, donde se visualizaba la gran mayoría de personas que allí concurrieron y a la que las estimaciones le asignaron más de 15 mil asistencias. Esta imagen se acompañaba de una frase que decía algo como “esta es la misma cantidad de gente que nos falta en Jalisco porque está desaparecida”. Me quedé helada. Pensar en todas las personas que estábamos allí y que ese mar de gente era el mismo que le falta a las y los jaliscienses porque no se sabe de su paradero ni qué les pasó, es desolador.

Tampoco dejo de pensar en las madres buscadoras, que acompañadas de madres de otros estados, hicieron una campaña para localizar restos y después cotejar si éstos pertenecían a alguno de sus seres queridos. Según información de las madres, tras la jornada de búsqueda entre el 21 y 26 de febrero, el colectivo ha contabilizado más de 80 cuerpos y más de 220 bolsas con restos humanos. Es decir, que tras 5 días exhaustivos, estas mujeres y familiares dieron con decenas de personas y aún tienen pendientes más de 100 denuncias de otros sitios en los que posiblemente se encuentren más restos.

A propósito de esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, señaló que tras cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en México, aún no se cuenta con las estructuras institucionales suficientes para cumplir con acciones de investigación y búsqueda, y que ha sido lo que ha orillado a familiares y colectivos a realizar el trabajo en una situación como esta, en una situación límite.

En este contexto, menos de 40 millones de pesos fueron destinados en el presupuesto para este rubro. Incluso, cuando la cantidad de personas desaparecidas es el equivalente a colonias enteras del Área Metropolitana de Guadalajara. Así de impactante, así de indignante. En Jalisco ocurren algo así como 16 de cada 100 desapariciones del país, por si fuera poco, en tres meses pasamos de 15 mil a 16 mil personas desaparecidas.

De ese tamaño la crisis de desapariciones, a la que se le suma la crisis forense, pues Jalisco se encuentra también en los primeros lugares de rezago con casi 6 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y fosas comunes según datos del año pasado, cifras que proporcionó el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, y que citó el propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, mismo que reconoció que (al menos para ese momento) no existía un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes, así como tampoco una base de datos genética que funcionara a nivel nacional y permita comparar datos que se obtienen de las muestras genéticas tomadas por las familias con aquellas que se levantan de los cuerpos encontrados.

Como diría la canción, seguimos sin saber a dónde van las y los desaparecidos, tampoco cuándo vuelven; seguimos con la emoción apretando por dentro.

*Vicepresidenta de Hagamos

@valeriaavila93_

Hace semanas que hablamos de En México se contabilizaban para al 17 de marzo, 99,134 personas desaparecidas y no localizadas, y de ellas, más de 16 mil están en Jalisco. Lo he dicho en más de una columna y sigo insistiendo en el tema: nuestro estado es el número uno en el país. La situación es grave, terriblemente grave.

Días atrás circulaba una fotografía de la última marcha del 8M en la ciudad, donde se visualizaba la gran mayoría de personas que allí concurrieron y a la que las estimaciones le asignaron más de 15 mil asistencias. Esta imagen se acompañaba de una frase que decía algo como “esta es la misma cantidad de gente que nos falta en Jalisco porque está desaparecida”. Me quedé helada. Pensar en todas las personas que estábamos allí y que ese mar de gente era el mismo que le falta a las y los jaliscienses porque no se sabe de su paradero ni qué les pasó, es desolador.

Tampoco dejo de pensar en las madres buscadoras, que acompañadas de madres de otros estados, hicieron una campaña para localizar restos y después cotejar si éstos pertenecían a alguno de sus seres queridos. Según información de las madres, tras la jornada de búsqueda entre el 21 y 26 de febrero, el colectivo ha contabilizado más de 80 cuerpos y más de 220 bolsas con restos humanos. Es decir, que tras 5 días exhaustivos, estas mujeres y familiares dieron con decenas de personas y aún tienen pendientes más de 100 denuncias de otros sitios en los que posiblemente se encuentren más restos.

A propósito de esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, señaló que tras cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en México, aún no se cuenta con las estructuras institucionales suficientes para cumplir con acciones de investigación y búsqueda, y que ha sido lo que ha orillado a familiares y colectivos a realizar el trabajo en una situación como esta, en una situación límite.

En este contexto, menos de 40 millones de pesos fueron destinados en el presupuesto para este rubro. Incluso, cuando la cantidad de personas desaparecidas es el equivalente a colonias enteras del Área Metropolitana de Guadalajara. Así de impactante, así de indignante. En Jalisco ocurren algo así como 16 de cada 100 desapariciones del país, por si fuera poco, en tres meses pasamos de 15 mil a 16 mil personas desaparecidas.

De ese tamaño la crisis de desapariciones, a la que se le suma la crisis forense, pues Jalisco se encuentra también en los primeros lugares de rezago con casi 6 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y fosas comunes según datos del año pasado, cifras que proporcionó el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, y que citó el propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, mismo que reconoció que (al menos para ese momento) no existía un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes, así como tampoco una base de datos genética que funcionara a nivel nacional y permita comparar datos que se obtienen de las muestras genéticas tomadas por las familias con aquellas que se levantan de los cuerpos encontrados.

Como diría la canción, seguimos sin saber a dónde van las y los desaparecidos, tampoco cuándo vuelven; seguimos con la emoción apretando por dentro.

*Vicepresidenta de Hagamos

@valeriaavila93_