Ante el crecimiento exponencial del deseo de superación académica y profesional, las instituciones educativas públicas y privadas realizan inversiones importantes en este rubro, especialmente las segundas, necesitan hoy más que nunca del apoyo en los tres órdenes de gobierno del estímulo fiscal ya que es un beneficio económico concedido por la ley fiscal al sujeto pasivo del impuesto con el fin de obtener de él ciertos fines de carácter parafiscal. Se buscan fines exclusivamente extra-fiscales, como lo es el desarrollo de determinada actividad, estimulando a los contribuyentes con ciertas deducciones en la carga tributaria teniendo como resultado el fortalecimiento empresarial y el dinamismo comercial para obtener ciertos fines de carácter social.
Sin duda, existen apoyos fiscales para el sector cinematográfico, empresarial, industrial, productivo y de servicios, con el propósito de que se beneficie a la clase trabajadora y de todos aquellos sujetos al pago de impuestos. Sin embargo los estímulos fiscales en nuestro país son muy pocos, no existe un campo amplio para su aplicación, no se crea una seguridad jurídica, algunos son de aplicación complicada y limitativa, según se lee en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).
Impulso a la educación es una preocupación y ocupación de los Gobiernos en sus tres órdenes, de las escuelas privadas con incorporación, de los estudiantes y de la sociedad en general.
Como antecedente, a partir del mes de febrero del año 2011, se emitió un decreto en el que se otorga un porcentaje como estímulo fiscal a las personas físicas por el pago de colegiaturas desde preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato o su equivalente.
Buena medida, aunque es oportuno reflexionar ¿cuál es el futuro educativo de aquellos que terminan, en el mejor de los casos, el bachillerato? Si bien es cierto que existe, aunque muy restringido, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), con la participación de todas las entidades federativas y la de cuatro instituciones públicas de educación superior federales (IPN, UAM, UNAM, UPN), los montos establecidos para aquellos estudiantes no son suficientes y aumenta el número de abandono de los estudios, por motivos de economía.
De las reformas estructurales presentadas en aquel tiempo por el Ejecutivo Federal en turno, se encuentra la relativa a la reforma hacendaria que sintetiza en uno de sus apartados “Incrementar de manera responsable y justa el gasto público. Los recursos recaudados atenderán necesidades prioritarias de la población en áreas como educación, salud, seguridad social e infraestructura.”
Es innegable que las instituciones públicas de educación superior han sido rebasadas por el crecimiento poblacional en el país.
Es el momento para que la autoridad hacendaria realice los mecanismos que puedan resultar en virtud de otorgar beneficios fiscales a las instituciones educativas privadas para que amplíen su cobertura y porcentaje de beca en beneficio de sus estudiantes. Esto disminuiría el abandono escolar, convocando a una asamblea nacional a los integrantes del Congreso de la Unión y la de los Estados, académicos, investigadores, empresarios, estudiantes y sociedad en general a efecto de ampliar el rubro que se indica en el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Desde luego que lo expresado es tan solo la idea de lo que con voluntad política y sociedad juntos podemos lograr para consolidar la educación y tendremos más profesionistas competitivos a nivel internacional en las diversas áreas del conocimiento, la ciencia y la tecnología.
Respetable lector, es el momento de dar continuidad al servicio educativo a través de los espacios económicos necesarios para la comunidad estudiantil, gracias por leerme y expresar sus opiniones.
* Rector General del Centro Universitario UTEG
joseroque@uteg.edu.mx
