Gamaliel Guzmán González
El 16 de septiembre de 2018, el diario El Universal (DEU) de la Ciudad de México (CdMx), dio a conocer una noticia macabra.
Decía que en la colonia La Duraznera, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, apareció una caja refrigeradora de tráiler muy maloliente, y la causa era, que contenía 157 cadáveres de personas presumiblemente asesinadas, que no habían sido identificadas, mismos que estaban a disposición de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ), en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), luego se aclaró que eran 273, después resultó que había otro tráiler con caja refrigeradora, igualmente cargado de cadáveres y finalmente un tercer tráiler más con caja, con más cadáveres, de tal manera que sumaron 444 cuerpos humanos, que presentan signos y huellas de haber sido asesinados.
Un tráiler con caja refrigeradora también anduvo por el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Este hecho se volvió un escándalo, no sólo nacional, sino también internacional. Es absolutamente increíble que el Gobierno del Estado de Jalisco (GEJ), encabezado por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (JASD), haya carecido de la capacidad necesaria para llevar a cabo de inmediato en todo cadáver que fuere apareciendo, pruebas forenses de identificación –prueba dactiloscópica, prueba del ADN (ácido desoxirribonucleico), práctica de la autopsia, estudios sobre los tatuajes que gran cantidad de ellos portan, toma de fotografías, prueba de odontología forense, etc.-, así como también decretar la creación de un cementerio forense, dada la enorme incidencia de cadáveres, que en los últimos años han ido apareciendo a diario, debido a la desatada delincuencia organizada o no.
La problemática del gran número de cadáveres sin identificar, es increíble que JASD “nunca fue notificado de esta situación” y que “no recibió solicitud de ampliación de espacios refrigerantes” y que por ende, la desconociera el gobernador, dado que su secretario general de Gobierno el maestro Roberto López Lara, preside la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESS) que tiene reuniones periódicamente, siendo imposible que en las mismas no se haya abordado esa problemática.
El primero que “pagó el pato” fue el director del IJCF, el maestro y licenciado en Derecho Luis Octavio Cotero Bernal (LOCB), a quien se le pidió su renuncia al cargo. El segundo al que JASD separó de su cargo, previa su ratificación de enérgica condena, fue al ciudadano Raúl Sánchez Jiménez (RSJ), quien se venía desempeñando como FGEJ, supuestamente porque “a (sic) este tipo de actos, ponen en entredicho el correcto funcionamiento de las instituciones que representamos”, determinando “separar del cargo al fiscal general del Estado, para seguir con las indagatorias correspondientes”.
Dice un refrán que “la cuerda siempre se revienta por lo más delgado”, pero ahora se tuvo que reventar por lo más grueso, porque ni modo que JASD fuera a pedir licencia anticipada por la bronca de los cadáveres, por lo cual presumiblemente le dijo a RSJ, te vamos a tener que sacrificar, que al cabo el 6 de diciembre próximo nos vamos todos, y no va a pasar nada, le vamos a dejar el problema a Enrique Alfaro Ramírez (EAR), el gobernador de “Movimiento Ciudadano”.
¡El fantasma de los cadáveres siempre va perseguirá a JASD!
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