/ viernes 20 de noviembre de 2020

Entre la legalidad y legitimidad de la defensa del presupuesto

Como se sabe, algunos gobernadores le tomaron la palabra al presidente de la República para que se consulte a la ciudadanía si se quiere seguir siendo parte del pacto fiscal.

Cabe señalar que no es necesario hacer dicha consulta, ya que la Ley de Coordinación Fiscal prevé que la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un acto facultativo de los estados y, por lo consiguiente, también el poder salirse, para lo cual solo se requiere la autorización del congreso (arts. 10 y 13).

Pero la ley también prevén sanciones para quien no cumpla con lo convenido, tanto por parte de los estados como por la federación. Si el incumplimiento proviene de una entidad federativa, la sanción consiste en la disminución de las participaciones. Por el contrario, si la violación es por parte de la federación la entidad solo puede acudir ante la Suprema Corte de Justicia para reclamar su cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que la ley prevé ciertas ventajas, pero también desventajas para los estados que forman parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las cuales dependen de diversas variables, como son el producto interno, la capacidad recaudatoria, el número de habitantes, los índices de desarrollo, entre otras, que deberán ser analizadas seriamente quienes estén considerando salirse del pacto fiscal; a algunos estados les podrá convenir salirse, pero a otros quizá no.

Existen cuatro vías jurídicas para tratar de resolver las diferencias entre la llamada alianza federalista y el gobierno federal, con sus distintos escenarios: jurisdiccional, legislativa, política o unilateral. La primera, es opción en los casos en que se considere que no se cumplió con lo estipulado, pero se prende continuar dentro del Sistema.

Esta vía implica un camino muy largo y con perspectiva insegura, no necesariamente porque el gobierno local tenga o no los elementos de prueba necesarios para ganar el litigio ante la Suprema Corte de Justicia, sino por porque nuestro máximo órgano jurisdiccional ha entrado a una interpretación normativa demasiado abierta de la Constitución en donde todo puede suceder.

La segunda vía es proponer cambios a la Ley de Coordinación Fiscal, que de igual manera resulta una opción si se pretender seguir en el sistema, pero no se está de acuerdo con los términos en los que la ley formula la distribución de recursos.

Esta elección de igual manera implica una ruta muy larga y con probabilidades de éxito muy bajas, en tanto el partido afín al gobierno federal tenga la mayoría en el Congreso. La tercera sería la política, que implicaría la negociación y arreglos con el gobierno federal.

Su escenario también se presenta poco probable, por la poca disponibilidad de dialogo que ha mostrado el presidente de la República.

Parece ser que aquí ya no es cuestión de quién tiene la razón o quién está incumpliendo el pacto, sino la defensa de ciertos intereses y visiones de Estado; se esté de acuerdo o no. Por último, la vía unilateral, en donde ya no se vislumbra ninguna posibilidad de consensos o arreglos federales, por lo que se considera que es mejor salirse del pacto, en el entendido de que es más ventajoso, para lo cual solo se requeriría la autorización de la legislatura respectiva.

Ahora bien, probablemente a los gobernadores no se les había ocurrido hacer una consulta para salirse del Sistema Nacional de Coordinación, sin embargo, ante la arenga del ejecutivo federal de que se le pregunte a la población, una decisión entre el gobierno y el congreso local se tacharía de imposición “cupular”.

Si bien es cierto que legalmente no se requiere la consulta, abrir el debate a la ciudadanía y consultarla legitimaría la toma de decisión.


Dr. Jorge Chaires Zaragoza

Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia CUCSH

Como se sabe, algunos gobernadores le tomaron la palabra al presidente de la República para que se consulte a la ciudadanía si se quiere seguir siendo parte del pacto fiscal.

Cabe señalar que no es necesario hacer dicha consulta, ya que la Ley de Coordinación Fiscal prevé que la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un acto facultativo de los estados y, por lo consiguiente, también el poder salirse, para lo cual solo se requiere la autorización del congreso (arts. 10 y 13).

Pero la ley también prevén sanciones para quien no cumpla con lo convenido, tanto por parte de los estados como por la federación. Si el incumplimiento proviene de una entidad federativa, la sanción consiste en la disminución de las participaciones. Por el contrario, si la violación es por parte de la federación la entidad solo puede acudir ante la Suprema Corte de Justicia para reclamar su cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que la ley prevé ciertas ventajas, pero también desventajas para los estados que forman parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las cuales dependen de diversas variables, como son el producto interno, la capacidad recaudatoria, el número de habitantes, los índices de desarrollo, entre otras, que deberán ser analizadas seriamente quienes estén considerando salirse del pacto fiscal; a algunos estados les podrá convenir salirse, pero a otros quizá no.

Existen cuatro vías jurídicas para tratar de resolver las diferencias entre la llamada alianza federalista y el gobierno federal, con sus distintos escenarios: jurisdiccional, legislativa, política o unilateral. La primera, es opción en los casos en que se considere que no se cumplió con lo estipulado, pero se prende continuar dentro del Sistema.

Esta vía implica un camino muy largo y con perspectiva insegura, no necesariamente porque el gobierno local tenga o no los elementos de prueba necesarios para ganar el litigio ante la Suprema Corte de Justicia, sino por porque nuestro máximo órgano jurisdiccional ha entrado a una interpretación normativa demasiado abierta de la Constitución en donde todo puede suceder.

La segunda vía es proponer cambios a la Ley de Coordinación Fiscal, que de igual manera resulta una opción si se pretender seguir en el sistema, pero no se está de acuerdo con los términos en los que la ley formula la distribución de recursos.

Esta elección de igual manera implica una ruta muy larga y con probabilidades de éxito muy bajas, en tanto el partido afín al gobierno federal tenga la mayoría en el Congreso. La tercera sería la política, que implicaría la negociación y arreglos con el gobierno federal.

Su escenario también se presenta poco probable, por la poca disponibilidad de dialogo que ha mostrado el presidente de la República.

Parece ser que aquí ya no es cuestión de quién tiene la razón o quién está incumpliendo el pacto, sino la defensa de ciertos intereses y visiones de Estado; se esté de acuerdo o no. Por último, la vía unilateral, en donde ya no se vislumbra ninguna posibilidad de consensos o arreglos federales, por lo que se considera que es mejor salirse del pacto, en el entendido de que es más ventajoso, para lo cual solo se requeriría la autorización de la legislatura respectiva.

Ahora bien, probablemente a los gobernadores no se les había ocurrido hacer una consulta para salirse del Sistema Nacional de Coordinación, sin embargo, ante la arenga del ejecutivo federal de que se le pregunte a la población, una decisión entre el gobierno y el congreso local se tacharía de imposición “cupular”.

Si bien es cierto que legalmente no se requiere la consulta, abrir el debate a la ciudadanía y consultarla legitimaría la toma de decisión.


Dr. Jorge Chaires Zaragoza

Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia CUCSH