En la historia del Derecho, en Jalisco no se había vivido una intromisión tan directa por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial del Estado de Jalisco, y mucho menos a un gobernador solicitando la destitución de un juez en el Estado.
Es la primera vez que un gobernador del Estado administra justicia y solicita la destitución del juez en turno por no vincular a proceso a un presunto por el delito de violación a una menor de edad, más sin embargo lo que no dice el gobernador del Estado es que lo dejo encarcelado y el presunto hasta estos momentos se encuentra privado de la libertad, y el juez suspendido por administrar justicia en la ciudad de Puerto Vallarta y aún más su dinero que hasta el momento no rebasa unos cuantos miles de pesos intervenidos por la Unidad de Inteligencia, todo por administrar justicia y llevar un proceso judicial dentro de la aplicación del buen Derecho.
Cuando la política se apodera del buen Derecho viene el espectáculo de pan y circo, un pan y un circo que es ajeno al procedimiento judicial, pero el escándalo es importante para llegar a tomar decisiones en contra de la dignidad del juez de la causa, pisoteando a su persona y haciendo juicios mediáticos en contra de los Derechos Humanos, de la Constitución de Jalisco y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La facultad de administrar justicia de un juez se encuentra sustentada en el instrumento jurídico que se conoce como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Constitución del Estado de Jalisco, por lo que es una facultad potestativa dentro de los pesos y contrapesos de los poderes instituidos tanto en el Estado como en la Nación la administración de la justicia que es una facultad del Poder Judicial como poder soberano y es el único que puede garantizar la seguridad jurídica y la paz social, la justicia es el instrumento para garantizarla y no crear en la sociedad la venganza por nuestra propia mano, que sería un retroceso ante la falta de confianza de la sociedad al Poder Judicial en el Estado de Jalisco, cada Poder instituido por el Estado por su naturaleza jurídica y el contrato social es soberano y debe de actuar con la libertad para garantizar el Estado de Derecho.
La visión política en la refundación del Estado está en el exceso del poder del gobernador en turno, como esta decisión que de manera arbitraria y pisoteando al Poder Judicial solicito de manera directa la separación del juez.
El Estado de Derecho se da cuando hay un equilibrio de gobernabilidad y gobernanza en el Estado y todo juez estará obligado a vincular a proceso judicial a todo procesado por cualquier delito que dentro de la carpeta de investigación y la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público ante un juez obligue al procesado a permanecer en la cárcel, el juez tiene el riesgo fundado de que al gobernador no le guste la potestad jurisdiccional de administrar justicia.
Por lo que Enrique Alfaro debe de ser nombrado juez supremo de la causa, así Alfaro para Juez.
* Profesor de Derecho de la Universidad de Guadalajara y Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Capítulo Jalisco.
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