El Zapotillo, ¿fin del negocio?

Óscar Abrego

Las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador cayeron como un baldazo de agua fría a los interesados en proseguir con la construcción de la presa El Zapotillo. Y es que esta obra, llena de dudas y sospechas, se ha caracterizado por la opacidad, controversia y su evidente ilegalidad.

Quienes conocen del asunto, me cuentan que la posición del gobierno federal será inflexible: si los pobladores de Palmarejo, Temacapulín y Acacijo, no están de acuerdo con mudarse a otro sitio, no habrá dinero para la conclusión del polémico embalse.

Sobre el particular, hay señales muy obvias que confirman lo anterior. Tan sólo recordemos que el pasado martes 30 de julio el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, acudió a Temacapulín para participar en un foro con distintos actores de la sociedad, en el que manifestó que todo apuntaba a que el proyecto es inviable.

Ahí, frente a los pobladores, el funcionario lanzó una interrogante al aire: “Reconozco que una presa es un mastodonte pesado, es una técnica obsoleta (…) la única forma de convencer al presidente es que tienen que demostrarnos que esto va a funcionar, ¿Hay pruebas de que funcionará un plan integral del agua?”

Aunado a lo anterior, apenas este viernes, al ser consultado sobre el tema, López Obrador fue más allá y declaró: “Es una obra que se inició desde el gobierno del presidente (Vicente) Fox y está inconclusa, ya hay una inversión pública y va a llevar también recursos adicionales, entonces tenemos que buscar la manera de llegar a un acuerdo, pero escuchando a los pobladores, porque podemos ponernos de acuerdo nosotros arriba, es decir los gobiernos ¿Y luego? ¿Y la gente? Ahora ya no se actúa de esa manera”.

Así pues, el mensaje es tan claro como el agua embotellada. La federación no piensa despojar de su historia y sus sueños a quienes desean morir en la tierra que los vio nacer. Y más aún, está determinada a cancelarla si se demuestra que uno de los propósitos que se oculta detrás de las enormes cortinas de la represa, es la complicidad gubernamental en el gigantesco negocio que le ha significado a unos cuantos.

Al respecto, aunque aún no se ha hecho del conocimiento público –pronto se hará- es que el gobierno de Andrés Manuel descubrió que brotan más dudas que respuestas de los archivos relativos a los recursos financieros que se destinaron para este rebalse. Dicho de otro modo, hoy se sabe que un buen porcentaje de los miles de millones de pesos que debieron usarse para tal efecto, carece de justificación y evidencia documental, lo que sugiere corrupción del más repugnante descaro.

A todo esto hay que agregar un dato demoledor: cuando se inició con su edificación, el presupuesto aprobado en el 2006 fue de 7 mil 960 millones, pero a la fecha se han gastado más de 35 mil 300 millones de pesos, lo que significa un sobreprecio del 350 por ciento; sin embargo, para su finalización se requiere de 35 mil millones extra, es decir, hablamos de un mazacote de cuando menos 71 mil millones de pesos.

Ahora bien, otra variable que Toledo Manzur ya puso sobre el escritorio presidencial, es que las necesidades de millones de personas no están por encima del derecho de los habitantes y productores de la precitada región. Desde la óptica y el sentir de la llamada Cuarta Transformación, no deben vulnerarse las garantías individuales en aras de satisfacer los intereses de la mayoría. En la visión del presidente, una familia de pueblo no vale menos que la de una cosmopolita.

Al final de cuentas, todo apunta a que la discrecionalidad con se manejaron los dineros para su realización, así como las aberraciones jurídicas que le acompañan desde el comienzo, provocarán que la presa El Zapotillo -se concrete o no- pase a la historia como uno de los monumentos más emblemáticos del México oscuro.